Fernando Cajas.
Los problemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no son coyunturales. Son estructurales y se han ido consolidando a lo largo de décadas, adaptándose a un país marcado por contradicciones e injusticias históricas. Walter Mazariegos no es la causa, sino la punta de lanza visible de un proceso que comenzó con la contrarrevolución de 1954, cuando los llamados “boys” detuvieron los avances de la Revolución de 1944, la única revolución democrática que ha tenido Guatemala.
La Revolución de 1944 forjó un Estado moderno y democrático, y en ese marco nació la Usac como universidad nacional y autónoma. No fue en 1676, sino en 1944 cuando adquirió su carácter público, popular y autónomo que la definió como institución al servicio del pueblo. Ese sueño democrático duró apenas diez años. En 1954, el Departamento de Estado de Estados Unidos interpretó nuestra revolución como “comunista” —una acusación infundada— y apoyó su derrocamiento. Desde entonces, tanto el Estado como la universidad fueron penetrados sistemáticamente para convertirlos en instrumentos de intereses privados, camuflados en cámaras empresariales y pseudogremios industriales.
Este proceso se institucionalizó en 1985 con la Constitución, al asignarle a la Usac un rol central en las Comisiones de Postulación para las altas cortes. Lo que debía ser una garantía de meritocracia académica se transformó en la puerta de entrada para la cooptación del sistema de justicia. La universidad dejó de ser centro de debate académico y social para convertirse en un engranaje clave del poder político.
Tras la guerra civil —que cobró cientos de mártires universitarios— llegó a la rectoría Eduardo Meyer. Su gestión marcó el inicio del retroceso. Meyer no solo fue señalado por entregar información sobre activistas universitarios al Ejército durante los años más duros de la represión, sino que utilizó la Usac como plataforma para su posterior carrera política en el Congreso. A partir de entonces, la conversación académica fue desplazada por las “decisiones politiqueras” en torno a las designaciones judiciales.
Hoy, los resultados son alarmantes. Los índices de acceso a la educación superior en Guatemala siguen siendo de los más bajos de América Latina. En la Usac, de los miles de aspirantes que cada año buscan ingresar, solo una fracción logra hacerlo debido a la alta demanda y la limitada capacidad instalada, pero principalmente debido al desinterés de las autoridades en ofrecer educación pública superior pertinente para la mayoría de la gente. La institución se ha burocratizado. Ofrece programas tradicionales y excesivamente largos —como Derecho, que puede tomar hasta 15 años—, con una eficiencia terminal bajísima. En Derecho, por ejemplo, no supera el 5% de estudiantes que culminan en el tiempo previsto del currículo.
La inversión en investigación científica es mínima y, aunque la Usac se mantiene en posiciones medias-bajas en los QS University Rankings Latin America & The Caribbean (la Usac bajó del puesto 146 al 190 en los reportes más recientes), ha perdido terreno relativo frente a su potencial como principal universidad pública del país.
En el siglo XXI, el declive político se aceleró. Rectores y diferentes consejos superiores universitarios priorizaron el control de las comisiones de postulación sobre cualquier agenda académica. Junto con algunas universidades privadas alineadas, la Usac perdió su brújula social. El punto de quiebre llegó con la alianza entre el expresidente Alejandro Giammattei y el entonces decano de Humanidades, Walter Mazariegos: uno entregó la universidad, el otro facilitó el control de las cortes. Esa captura no es casual; responde a una política corrupta que utiliza el Estado para beneficio privado, mediante redes que priorizan el clientelismo y el control por encima de la meritocracia y la autonomía.
Universitarios y ciudadanos: Las elecciones para rector fueron ampliamente ganadas por el movimiento Dignidad y Resistencia (DIRE). Este es el momento de defender la honestidad y los resultados electorales genuinos. No permitamos que los mismos actores que han cooptado el sistema de justicia capturen nuevamente nuestra universidad. Defendamos la honestidad y la democracia universitaria. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
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