LA REDACCIÓN
MÉXICO, D.F. (apro).- El general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro quedó con muchos pendientes con la justicia.
Fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre al menos 482 casos de desaparecidos durante la guerra sucia, la mayoría de Guerrero, aparecían 50 personas que colaboraron con Acosta Chaparro cuando era director de todas las corporaciones policiacas del estado.
El general todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando del ya fallecido Arsenio Farell Cubillas.
En el sexenio de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
El entonces secretario de asuntos jurídicos del PRD y posteriormente procurador de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, exigió la declaración del general brigadier con base en un video con las declaraciones de Virgilia Galeana García, quien señala la presencia de Acosta Chaparro en el lugar de la matanza, y al que señaló de haber estado “camuflado” con un traje de la Policía Judicial del Estado. La denuncia no prosperó.
En 1990, el general brigadier plasmó sus conocimientos sobre la guerrilla en el estudio titulado Movimiento subversivo en México, de más de 300 páginas, con listas, gráficas y análisis sucintos de la guerrilla mexicana, que abarcaba algo más de tres décadas.
Según su escrito, hasta 1981 los cuerpos de seguridad e investigación, encargados de mantener el control sobre los factores subversivos en el país, desempeñaron una labor de neutralización efectiva, ya que prácticamente fueron exterminados los focos de insurrección que representaron una serie de problemas entre 1973 y 1977.
Como general brigadier, en 1995 entregó sus archivos al Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que luego editó en un tomo de 300 páginas como Manual de ambientación sobre el levantamiento zapatista (Proceso 978).
La parte final, de 30 páginas, a manera de epílogo, la dedicó al EZLN y criticó la incapacidad de los servicios de inteligencia por no haber detectado las maniobras de entrenamiento de los zapatistas.
El escritor Ricardo Garibay, en su libro Fascinante y terrible Acapulco, describió así a Acosta Chaparro:
“El teniente coronel no bebe gota de alcohol; su gente dice que es durísimo pero justiciero; sabe la Biblia sobre los delincuentes, mafias de drogas y activistas de todas denominaciones; le va a sus manos y a nadie más, lo cual significa que confía sólo en su memoria y destreza, y es capaz de sacarle el hilo en unos cuantos minutos a un intríngulis criminal, o de ver conexiones secretas entre 20 sucesos aislados de una maraña guerrillera…”
Desde 1984 su nombre comenzó a ser vinculado al narcotráfico, primero en documentos de la DEA y del FBI (Proceso 483), y después por el Departamento de Justicia estadunidense, cuando se le señaló como protector del presunto tráfico de estupefacientes y lavado de dinero destinado a las cuentas de Mario Ruiz Massieu en el Texas Comerce Bank.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con el narcotráfico.
Ambos habían participado en la Brigada Blanca antiguerrillera a principios de la década de los setenta. Antes habían estado en la Escuela de Paracaidistas y posteriormente en la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial.
Tiempo después, fueron comisionados en la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta encargada el espionaje, la represión y la tortura de las personas considerada subversivas.
En 1974, como miembros de un agrupamiento especial creado para resolver el secuestro del entonces senador Rubén Figueroa, fueron enviados al estado de Guerrero.
Para entonces, llevaban ya 10 años de trabajar de manera estrecha en Inteligencia Militar. Posteriormente Acosta Chaparro se quedó como jefe de la policía del gobernador Rubén Figueroa hijo, era, decían “la pistola de Figueroa Figueroa”.
Fue en el crepúsculo del gobierno de Ernesto Zedillo, y cuando el gran amigo de ambos, el general Enrique Cervantes Aguirre, era secretario de la Defensa, fueron acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez.
La Procuraduría de Justicia Militar los detuvo resultado de una investigación iniciada en 1988 por la Procuraduría General de la República –averiguación previa PGR/056/96–, cuyo desglose fue turnado a la Procuraduría Militar en julio de 1999.
Tanto Quirós Hermosillo como Acosta Chaparro aparecían en la indagatoria SC/003/99/E de la Procuraduría de Justicia Militar como presuntos responsables de haber brindado protección al cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
En el desglose turnado a la Procuraduría de Justicia Militar, además de los señalamientos que los involucró con el narcotráfico, se les culpó de ejecuciones extrajudiciales que datan de cuando estuvo al frente de las policías de Guerrero, con Figueroa Figueroa, donde actuó contra lo que quedaba de la guerrilla, y de su paso por la Brigada Blanca.
Testimonios de militares y civiles a la Procuraduría General de Justicia Militar, integrados al expediente SC/034/2000/IV/IE-Bis, confirmaron la forma como en los años setenta los guerrilleros o sus simpatizantes, capturados por militares, eran tiroteados y arrojados al mar desde un avión, algunos de ellos todavía con vida.
Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona, rellenas de piedras, y subidos a un avión tipo Arava, matrícula 2005, del entonces escuadrón 301.
El expediente les fue abierto por el delito de homicidio calificado de 143 personas por las campañas armadas en Guerrero, cuando Acosta Chaparro estaba adscrito a la Brigada de Fusileros Paracaidistas y, posteriormente, comisionado en la dirección de la policía estatal.
Era de conocimiento popular que en los pozos de Copacabana o debajo del desarrollo turístico de Punta Diamante, construido sobre lo que fue el fraccionamiento Copacabana, en Acapulco, había cadáveres de personas que nunca fueron identificadas y cuyas muertes fueron atribuidas a los colaboradores de Acosta Chaparro.
“Todo mundo sabía que los que hacían eso eran judiciales, al mando de Mario Arturo Acosta Chaparro, como (Herminio Díaz) Tumalán y otro llamado Mario Hernández, apodado Zorrillo”, recordaba entonces Salvador Zacarías Flores, líder del PRD que en su juventud fue aficionado al surfing y que tuvo la oportunidad de ver restos humanos en esa área.
Para fundamentar las acusaciones contra los militares por hechos sucedidos durante la guerra sucia –concretamente en el periodo en el que Acosta Chaparro fue el encargado de las corporaciones policiacas en Guerrero, cuando era gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981)–, la investigación castrense recurrió al menos a diez militares que declararon haber sido testigos de los asesinatos presuntamente cometidos por ellos.
El testigo protegido, Gustavo Tarín Chávez, exmilitar que colaboró con Acosta en Guerrero, y después en Veracruz, contó: que Quirós y Acosta escogían a los detenidos que eran sentados en una silla, donde se les decía que les iban a sacar la “foto del recuerdo”. Y que se les disparaba en la nuca con una pistola calibre .380, a la que Quirós nombró “la espada justiciera”. Que los cuerpos eran metidos en bolsas de lona y se colocaban en el Arava, a veces 12, 14 o 16 cadáveres, y eran lanzados al mar.
El declarante acusó directamente a Acosta Chaparro: “Habrá ejecutado personalmente a unas 200 personas, por supuesto, con la autorización del general Quirós Hermosillo”.
Para los familiares de desaparecidos el general es el demonio.
La fundadora del Comité Eureka Prodefensa de Presos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Rosario Ibarra de Piedra, lo señalaba por la saña con que torturaba.
“Ellos saben exactamente dónde están los desaparecidos; ellos tienen que responder a la nación. De nuevo los señalamos con índice acusador y queremos que todo el pueblo lo haga junto con nosotros”, dijo entonces a Proceso.
Informaciones publicadas en el semanario corroboraron no sólo la presunta responsabilidad del militar en desapariciones ocurridas durante el tiempo en que participó en la Brigada Blanca, comisionado por el Ejército Mexicano, sino en las registradas durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
Tras el juicio, ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10 meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la justicia federal.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
Siempre fue vinculado a los hechos más oscuros de México. Por ejemplo, un mes después del asesinato del periodista Manuel Buendía, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reveló que se investigaba a personal que laboraba bajo las órdenes de Acosta Chaparro.
Posteriormente, entre las líneas de investigación abiertas por la PGJDF en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, una de las líneas de investigación señalaba al general entonces recluido en el Campo Militar Número 1 por su presunta vinculación con el cártel de Juárez.
La PGJDF buscó establecer si desde la prisión militar Acosta Chaparro ordenó el asesinato para “perjudicar la imagen” del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.
La cercanía de Acosta Chaparro con el actual secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, de quien fue compañero en el Colegio Militar, implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado.
El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro. De ellos, 13 fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista destacó Acosta Chaparro.
Oficialmente, para la Sedena era un general retirado sin vínculos con inteligencia militar en el sexenio de Felipe Calderón. En la práctica no era así, pues por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.
Fue la familia del panista la que lo buscó para que investigara el plagio por su experiencia en contrainsurgencia.
Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año.
El militar no se conformó con la condecoración de general en retiro que recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.
Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los tribunales lo favorecieron.
A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del procedimiento de su retiro.
Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al cártel de Juárez. Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el área encargada de la inteligencia militar.
Luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, reapareció en el gobierno de Calderón con una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas de Morelia en 2008, así como construir puentes entre el gobierno y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.
Gracias a su amistad con Galván le tocó ser emisario federal –en su condición de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia– para negociar con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país, incluido Joaquín El Chapo Guzmán.
Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.
Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas, con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Después de su encuentro con La Familia, la segunda encomienda del general en retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de elite del Ejército aún era el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas, El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron que no me mueva porque tú ya estás operando”.
“Se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los jefes de la organización delictiva le pidieron al general una tregua del gobierno federal.
“El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad Juárez.
“La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el jefe más conocido del cártel de Sinaloa”, como fue reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778)”.
A raíz de que en 2010 sufrió un atentado cuando comenzaba a investigar el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, desapareció de la escena pública
Otros antecedentes
Acosta Chaparro Escapite, quien nació el 19 de enero de 1942 en el Distrito Federal, decidió ingresar en 1959 al Colegio Militar. Había egresado del colegio Francés Hidalgo, donde estudió la secundaria. En 1962 egresó como subteniente y quedó comisionado, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, en el cuartel general del Cuerpo de Guardias Presidenciales. El 16 de agosto de ese año pasó al 35 Batallón de Infantería, donde recibió su grado de teniente el 20 de noviembre de 1965.
A principios de 1967, entre el 9 de enero y el 4 de febrero, Acosta Chaparro efectuó el curso de policía militar de adiestramiento y táctica.
Y de febrero de 1967 al 15 de marzo de 1969 estuvo en el Batallón de Policía Militar.
El 20 de noviembre de 1968 fue ascendido a capitán segundo.
De marzo de 1969 al 15 de julio de 1970 estuvo adscrito al Segundo Batallón de Policía Militar dependiente del Estado Mayor de la Defensa.
Fue en esa adscripción donde realizó los cursos de paracaidista y de fuerzas especiales, entre el 28 de febrero y el 26 de junio de 1970, en Fort Bragg, Carolina del Norte, para realizar su curso de fuerzas especiales y graduarse como boina verde.
Al dejar el Batallón de Policía Militar, pasó a la ayudantía del secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, hasta el 30 de noviembre de 1970. De ahí fue enviado al Primer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde estuvo hasta el 15 de julio de 1971. El 20 de noviembre de ese año, ascendió a capitán primero por “selección”.
El 16 de julio de 1971, pasó al cuartel general de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, en la que estuvo hasta el 15 de diciembre de 1977. En este lapso, su hoja de servicios registra una anotación en el apartado de “Campañas y Acciones de Guerra”.
De orden verbal del secretario de la Defensa Nacional, fue destacado a la 27 zona militar, donde en coordinación con autoridades de la PGR, cooperó en la destrucción del grupo del guerrillero de Lucio Cabañas.
Esta acción le valió su ascenso. El 20 de noviembre de 1974, por acuerdo del presidente de la República Luis Echeverría, fue ascendido a mayor de Infantería y condecorado. Quedó al frente de la campaña antiguerrilla durante la gubernatura de Figueroa Figueroa.
El 17 de marzo de 1981 tomó posesión de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; posteriormente, sin dejar de estar comisionado pasó a la planta del cuartel general de la brigada de Fusileros Paracaidistas y por último a la planta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del 16 de diciembre de 1977 al 15 de junio de 1983.
El 1 de noviembre de 1977, por acuerdo del presidente José López Portillo, había sido ascendido a teniente coronel.
El 20 de noviembre de 1983, López Portillo lo ascendió a coronel. El 16 de junio de ese año se había reincorporado como jefe de la Policía Judicial Militar, cargo que ocupó hasta enero de 1984, cuando fue nombrado comandante del 68 Batallón de Infantería; en agosto pasó con el mismo cargo al 65 Batallón.
A finales de los años ochenta alcanzó el grado de general brigadier. Estaba por retirarse, en octubre de 2000, cuando fue detenido acusado de recibir dinero del narcotráfico.
Tomado de Proceso
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