Como sacado de un cuento de terror, de nuevo aparece la FECI, Fiscalía contra la Corrupción, dándole respiración artificial a la narrativa del golpe de estado en cámara lenta del 2023, ahora solicitando al Tribunal Supremo Electoral información sobre lo qué ha hecho al respecto de la anulación de las elecciones. Como la FECI inventó un puñado de casos falsos en contra del partido que sorpresivamente pasó a segunda vuelta y con el cual no tenían arreglos bajo la mesa y sabiendo que la candidata Sandra Torres no ganaría ni aunque pasara sola, iniciaron a construir una docena de casos, todos falsos, solamente porque Semilla pasó al balotaje final. Cada caso fue más ridículo que el anterior, así que empezaron con lo de Firmas Falsas, donde once difuntos votaron, según ellos y donde con la ayuda de un juez a su servicio se les aplicó otra ley, no la electoral, sino la Ley del Crimen Organizado a los de Semilla y lograron suspender a dicho partido político ilegalmente.
Al caso de firmas falsas le siguieron otros, todos sacados de la manga, lo del TREP, compra de servicios para la transmisión de resultados electorales preliminares, que es un problema, si fuese el caso, administrativo, pero que lo usaron para vengarse de los magistrados del Tribunal Electoral por no acatar la orden de la pareja presidencial de anular las elecciones. A eso siguió otro caso digno de una obra grotesca de teatro, USAC: Botín Político, donde criminalizan a estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional por el simple hecho de protestar contra el fraude electoral que llevó al innombrable Walter Mazariegos a la rectoría de la USAC desde donde trafica con todo. Pero se llevaron de corbata al actual presidente y vicepresidente del país, con tal de evitar su toma de posesión.
Ahora que resucitó Curruchiche preguntando si ya habían anulado las elecciones se vuelve a plantear el problema de cómo construir la democracia en un Estado donde no se respeta el Derecho. El sistema de justicia parece seguir su camino de una de cal y otra de arena, las comisiones de postulación ya se organizan para repetir el perverso ciclo de elegir cortes bajo una metodología que ha tergiversado totalmente la ley. Aquí de nuevo estarán los rectores de las universidades, particularmente el rector de la San Carlos, ese mismo que usurpó, que viola a diestra y siniestra los derechos de los san carlistas, que ha hecho de la Universidad Nacional una cueva de corruptos. Los guatemaltecos, específicamente los y las diputadas deben plantearse seriamente mejorar ese sistema de comisiones de postulación donde las universidades han demostrado que son permeables al tráfico de influencias. Entiendo que este es un trabajo que debería nacer de los diputados, con apoyo de juristas, con personas con experiencia en administración de justicia y administración pública de tal forma que nos liberemos de esas formas caducas de elegir cortes.
Este proceso nuestro de transición del autoritarismo populista a la nueva democracia debe entenderse como parte de las luchas de poder que han caracterizado la formación de una Guatemala con tantas contradicciones. De momento la versión más visible, y más perversa, de la inercia institucional de la transformación del autoritarismo a la nueva democracia es el Ministerio Público con la figura de Consuelo Porras quien fue puesta para defender corruptos. El Pacto de Corruptos encuentra su refugio en las acciones ilegales de un sistema de justicia que no quiere o no puede sostener la emergente democracia. Las luchas de los y las guatemaltecas deben continuar exigiendo una transformación profunda en el sistema de elección de cortes y en la forma de administrar justicia para que realmente podamos sentar las bases de una verdadera democracia.
Luego de dos meses de instalación del nuevo gobierno democrático nos toca construir un país democrático. Esto es realmente un problema complejo en un ambiente mundial donde decae la democracia y emerge el autoritarismo y los populismos de derecha o de izquierda, esos que han tenido al mundo sometido. Los retos de nuestra democracia son varios: Nos encontramos en un país donde la fiscal general cree que es el presidente y que ella es el poder total. No hace falta tener un doctorado en derecho para saber que todo Estado de Derecho tiene por principio fundamental el control legal del poder para evitar la impunidad. Pero si el Derecho, el sistema de justicia defiende la impunidad, defiende a los corruptos y ataca a los defensores de la democracia no hay no solamente Estado de Derecho, no hay democracia, no hay nada y de esas ruinas debemos levantarnos. El Pacto de Corruptos parece seguir gobernando en Guatemala porque las raíces de la corrupción se encuentran en las instituciones que en el transcurso del tiempo han sido cooptadas. A eso hay que agregar que la corrupción es un fenómeno sistémico y la corrupción interinstitucional hace aún más difícil su erradicación.
Nuestras instituciones no son realmente democráticas. Así, tome el caso de cómo la justicia selectiva busca construir en el imaginario de los guatemaltecos que quienes se oponen al régimen autoritario serán severamente castigados. Los ejemplos sobran. Da tristeza ver cómo la justicia es maliciosamente retardada para los supuestos enemigos de los corruptos, tal el caso mediático de José Rubén Zamora, pero hay muchos casos similares. Junto a eso las instituciones cooptadas por la corrupción hacen alianzas para poder sobrevivir el ataque de la verdadera democracia, un ejemplo es el caso USAC: Botín Político.
El Ministerio Publico, al verse perdido en su proceso de golpe de estado, decidiò abrir una investigación sobre la toma de la Universidad de San Carlos, toma que claramente era parte de los actos de protesta estudiantil debido al fraude electoral. Se inventaron que los estudiantes habían tomado las instalaciones universitarias para apoyar a Semilla. Ellos sabían con claridad que el movimiento estudiantil era genuino, pero sabiéndose perdido imaginario que aquí si lograrían confundir a la población, a la que nunca se confundió, más bien entendió el cinismo y descaro con que se construyó este caso. Los delitos fueron: Asociación ilícita, depredación de bienes culturales y usurpación agravada. Era claro que el usurpador rector se adheriría el proceso como máximo representante de la impunidad.
Yo no entiendo cómo un juez pudo aceptar tremendo garabato de acusación, nada fundada, con evidencias ridículas. El juicio va, avanza, como avanza la justicia en Guatemala. Pero lo más triste es que paralelamente el Consejo Superior Universitario también criminaliza a estos estudiantes, docentes y administrativos justamente por lo mismo. El Departamento Jurídico de la USAC elaboró un largo informe como si viviésemos en la Edad Media, justo en la Cruzadas, y como una cacería de brujas arremete contra este grupo de san carlistas. Ni siquiera esperaron a conocer las resoluciones de los tribunales. Así la decisión del Consejo Superior Universitarios claramente muestra un apoyo al caso espurio USAC: Botín Político.
Estas son algunas de las condiciones en que debemos recuperar la democracia, son condiciones difíciles y solamente como pueblo unido podremos resolverlas. No vamos a salir de este agujero negro si entre nosotros mismos, los que queremos la democracia, nos echamos culpas, no, así no saldremos. El proceso de recuperación del país es de todos, El Pacto de Corruptos lucha con uñas y dientes por su permanencia. La visión es clara, la recuperación del país será a través de la recuperación de cada una de nuestras instituciones, todas. Ese trabajo es de todos, de todas.