Ciudad de México / Todo comenzó con un centavo. Bueno, con veinte centavos. Así de bajo era el costo de la inscripción en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta antes de 1999. Veinte centavos por semestre. Una cantidad simbólica que, más que un pago, era un recordatorio de que la educación pública, aunque gratuita por mandato constitucional, exigía un acto de pertenencia.
El entonces rector Francisco Barnés de Castro, convencido de que la universidad necesitaba más recursos y empujado por los aires de la época el neoliberalismo de Zedillo, las recetas del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, decidió que había que poner orden en las finanzas. El 15 de marzo de 1999 presentó una reforma al Reglamento General de Pagos. El costo de la inscripción pasaría de veinte centavos a cien pesos anuales. Pero el verdadero golpe estaba en otro lado: la propuesta original contemplaba cuotas escalonadas basadas en salarios mínimos, que para bachillerato llegaban a 1,360 pesos y para licenciatura a 2,040. La noticia corrió como pólvora. En las facultades, en los pasillos, en las fotocopiadoras donde los estudiantes se enteraban de todo antes que nadie.
Lo que ocurrió después no lo esperaban ni los más optimistas. La llamada "generación X", a la que los medios y los analistas daban por perdida, apática, desinteresada, resultó ser todo lo contrario. El 23 de marzo comenzaron las asambleas en cada escuela. El 7 de abril, en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras que luego bautizarían como "Che Guevara", los estudiantes votaron a favor de la huelga.
No fue una decisión fácil. Los más veteranos recordaban la represión de 1968, los movimientos de 1986 y 1987, y sabían que esta vez el enemigo no era solo el rector, sino todo el aparato del Estado. Pero el hartazgo era mayor que el miedo. El 20 de abril de 1999, a las cero horas, estalló el paro. Se formó el Consejo General de Huelga, un órgano de dirección política con representantes de cada facultad, una estructura horizontal que intentaba evitar los vicios del liderazgo unipersonal que, según creían, habían hundido al movimiento de 1986. Las plenarias se realizaban de manera itinerante. Las decisiones se tomaban por consenso o por mayoría, con un reglamento interno que se fue construyendo sobre la marcha. Fue una escuela de democracia directa improvisada en medio de la guerra.
La huelga duró diez meses y quince días. En ese tiempo, la UNAM se convirtió en un campo de batalla simbólico. Los estudiantes ocuparon las instalaciones, resistieron los embates de los grupos de choque contratados por la rectoría, enfrentaron la campaña de desprestigio de los medios de comunicación que los acusaban de violentos, de externos, de estar manipulados por grupos de poder y mantuvieron viva la llama de la protesta con marchas masivas que cada vez reunían a más simpatizantes.
El 12 de noviembre de 1999, Barnés de Castro renunció. Juan Ramón de la Fuente asumió la rectoría con la promesa de resolver el conflicto. Ofreció amnistía, abrió mesas de diálogo, pero el CGH mantuvo su postura: primero la abrogación del reglamento, después se hablaría. El 6 de febrero del año 2000, la Policía Federal Preventiva, con autorización de un juez, irrumpió en Ciudad Universitaria. Cientos de estudiantes fueron detenidos. La UNAM volvió a clases en marzo. Pero los estudiantes ya habían ganado. El reglamento fue abrogado. La gratuidad se salvó.
Los estudiantes del 99 entendieron algo que los políticos profesionales no han logrado comprender: que la gratuidad no es un favor del Estado, sino un derecho conquistado. "No se trata de dinero", repetían una y otra vez en las asambleas. "Se trata de que atrás viene mi hermano, mi primo, mis hijos". No aceptaron el chantaje de decirles "tú ya no vas a pagar, pero los que vienen después sí". Supieron que la educación no es una mercancía, que no se puede arancelar el conocimiento, que el artículo tercero constitucional no es una sugerencia sino una obligación del Estado.
Enfrentaron al gobierno de Zedillo, a los medios de comunicación que los llamaban "porros", a los empresarios que veían en la privatización de la UNAM un negocio redondo, y a una rectoría que prefirió paralizar la universidad durante diez meses antes que derogar un reglamento que ella misma había aprobado. La lección que dejó la huelga es clara: cuando los estudiantes se organizan, cuando deciden tomar las calles y las aulas, cuando defienden su derecho a estudiar sin que el bolsillo de sus padres sea un filtro, pueden vencer al poder establecido. No fue una victoria completa el pase automático no se recuperó, el Congreso Universitario nunca se concretó, pero fue una victoria suficiente. La UNAM sigue siendo pública, laica y gratuita. Y eso, en un país donde la educación superior se ha convertido en un privilegio para unos cuantos, es un milagro que los estudiantes del 99 hicieron posible.
Aquella huelga no fue un capricho de jóvenes aburridos. Fue un acto de afirmación ideológica, una declaración de principios que hoy, a 27 años de distancia, sigue siendo incómoda para quienes quisieran que la UNAM se convirtiera en una empresa. Por eso el mural del Che Guevara, aquel que el artista y estudiante Fernando López pintó en la fachada del auditorio de Filosofía y Letras, no era una simple decoración. Era el corazón visual del movimiento.
En la obra, el Che sostiene una antorcha mientras el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México arde en llamas; así, Fernando representó el movimiento universitario en huelga como un momento de lucha, de libertad y de afirmación del territorio político. No era un símbolo decorativo, era una declaración de guerra contra el neoliberalismo, una reivindicación del socialismo como la única herramienta teórica y práctica que ha logrado frenar la privatización de la enseñanza en este país. Fue la materialización de la rebeldía, un recordatorio diario para los huelguistas y una provocación permanente para las autoridades.
Convertido en emblema de la huelga más importante de fin de siglo, condensó un momento que puso en jaque el proyecto neoliberal de privatización universitaria de Ernesto Zedillo y a quienes lo sostuvieron. Y es que el socialismo, que tanto espanta a la ultraderecha, no es solo una teoría económica; es, ante todo, una práctica de resistencia. El CGH lo entendió: su lucha no era solo por derogar un reglamento, era por defender el principio de que el conocimiento no se compra ni se vende, que el acceso a la universidad es un derecho de clase, no un privilegio de bolsillo. El mural era un espejo: mostraba lo que estaba en juego.
Hoy, esa memoria sigue viva. En el 2026, la lucha continúa. Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura llevan más de cien días en paro exigiendo salud mental y condiciones dignas. Los de la FES Cuautitlán paralizaron actividades tras el asesinato de su compañero Joel Ulises, y exigen botones de pánico, bardas perimetrales y seguridad. No son las mismas demandas que en 1999, pero el espíritu es el mismo: la defensa de la universidad pública como un espacio digno, seguro y gratuito. La lucha por la educación pública, científica y popular no ha terminado; solo ha cambiado de forma. Y mientras el neoliberalismo intente ponerle precio al saber, el socialismo seguirá siendo la única trinchera desde la cual defender el artículo tercero.
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