Fernando Cajas.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala nació con una promesa republicana: ser el último baluarte contra el abuso de poder. Hoy, esa promesa yace enterrada bajo los escombros de la captura institucional del Pacto de Corruptos. El 25 de mayo de 2026, la CC rechazó 16 amparos contra las graves irregularidades de la fraudulenta elección de rector de la Usac del 8 de abril en Antigua Guatemala. Una vez más, no defendió la Constitución: defendió al orden corrupto que la devora.
Ciertamente, los abogados dirán que eran amparos provisionales que “quedaron sin materia”. Pero si la Corte hubiese buscado justicia real, en el sentido profundo que C.L. Skach expone en Outlaw: Six Lessons for a Brave New World, habría actuado diferente. Skach, después de años escribiendo constituciones en zonas de guerra, llegó a una conclusión dolorosa: la ley formal y las instituciones impuestas desde arriba no bastan para crear una sociedad justa.
En Guatemala, la CC se ha convertido precisamente en ese outlaw, fuera de la verdadera ley constitucional porque no provee justicia.
No se trata de una resolución técnica. Es un episodio más en la destrucción sistemática de la universidad pública y de la democracia misma. En columnas anteriores he denunciado cómo Walter Mazariegos, el rectorcito destazador, no es un accidente, sino la expresión de una estructura que usa a la Usac como botín político: exclusiones masivas, opacidad, ausencia de requisitos y complicidad de poderes fácticos.
En su obra sobre las autocracias modernas, Anne Applebaum explica que el mayor peligro para la democracia ya no es el golpe de Estado clásico, sino la erosión interna: mantener las formas democráticas mientras se vacía su contenido. Las élites crean redes (lo que ella llama Autocracy, Inc.) que operan con y por la corrupción, control de instituciones y propaganda, mientras atacan el lenguaje mismo de la democracia. Eso es exactamente lo que vivimos en Guatemala: una autocracia híbrida donde el Pacto de Corruptos y su hija putativa, la Alianza Criminal, controlan la CC a través de magistrados como Roberto Molina Barreto —defensor de Ríos Montt, aliado de Zury Ríos— para legitimar fraudes y perpetuar privilegios.
La cooptación de la CC no fue casual. Vino de diputados mafiosos, de un Ejecutivo inepto y cobarde, y de la solapada influencia de grupos económicos tradicionales hechos de cemento. Bernardo Arévalo y su equipo decidieron, al parecer, sacrificar la Usac en el altar de la “gobernabilidad”. Bola de inútiles, les he llamado. Cada día parece que son algo peor.
Debe quedar claro que Guatemala no sufre ausencia de leyes. Guatemala sufre una terrible e intensa captura constitucional. Las instituciones conservan la forma, pero sirven a redes de poder, tal como advierte Pablo Pérez Tremps. Cuando los tribunales constitucionales dejan de fortalecer la democracia material y se convierten en extensiones de intereses políticos, pierden toda legitimidad.
En esta triste historia, la Usac ha sido la gran sacrificada. Esa universidad que debió ser faro de pensamiento crítico, investigación y movilidad social, hoy es administrada como finca y destazada en el rastro del operador político del Pacto de Corruptos Walter Mazariegos. Ya Boaventura de Sousa Santos lo advirtió: muchas universidades latinoamericanas han pasado de producir ciudadanía a fabricar obediencia. Con Mazariegos al frente, esa transformación se acelera mientras los docentes bajan la cabeza y se aferran a sus aburridas clases magistrales en un mundo que ya cambió.
Frente a esto, las preguntas son: ¿Vale la pena mantener una universidad pública que traiciona su misión histórica? ¿Tiene sentido conservar una Corte de Constitucionalidad que protege la corrupción en lugar de la Constitución?
La lucha por recuperar la Usac no es solo universitaria. Es una batalla por recuperar la democracia real frente a la autocracia de traje y toga. Seguiré profundizando estos temas en las columnas de esta semana.
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