Democracia y libertad de expresión en el siglo XXI.

Carlos Figueroa Ibarra.

El miércoles 25 de febrero a las 11.30 am en la Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar”, (6 oriente 203) el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, realizará un evento llamado “Democracia y libertad de expresión en el siglo XXI”, moderado por el Dr. Giuseppe Lo Brutto, director de dicho instituto y en el cual participarán Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, Sergio Mastretta, director de Mundo Nuestro y Carlos Figueroa Ibarra, profesor investigador del referido ICSyH-AVP. En un momento en que en el planeta está surgiendo una nueva derecha (la neofascista), defender las libertades civiles y políticas se ha vuelto una urgente necesidad.

Empezando por Estados Unidos, país que ha blasonado ser adalid de la defensa de la democracia, lo cierto es que democracia y libertades están corriendo un serio riesgo en el mundo actual. Baste ver cómo el otorgamiento de visas de entradas a dicho país ahora está condicionado a la revisión de las redes sociales del solicitante para determinar si éste ha expresado opiniones contrarias a las políticas de la Casa Blanca. Hoy en Estados Unidos se está observando una persecución política e ideológica que forma parte de la llamada “batalla cultural” que el neofascismo ha enarbolado en el mundo entero. Estados Unidos, están siendo anatematizadas y perseguidas universidades, organizaciones sociales y personalidades que expresan puntos de vista contrarios al racismo, la persecución de migrantes, anticomunismo e intolerancia al feminismo y la diversidad sexual.

Las libertades negativas (lo que no está prohibido ni es obligatorio), los derechos civiles y políticos no son una creación de la izquierda marxista o socialista. Al menos en lo que se refiere a Occidente, son el producto de la Ilustración, la revolución de independencia de los propios Estados Unidos (1776) y de la revolución francesa de 1789. Es muy conocido el aforismo atribuido a Voltaire que dice “No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”. En realidad, Voltaire nunca lo escribió, sino la frase la expresó Evelyn Beatrice Hall en1906, en su libro The Friends of Voltaire, que sintetizó la postura de Voltaire frente a la intolerancia y las restricciones a la libertad de pensamiento expresada en la defensa de Claude Adrien Helvetius.

Helvetius, cuyo libro De l’esprit (1758) fue condenado por las autoridades eclesiásticas y políticas del momento por considerar a la moral no como un producto divino sino como resultado de apetencias humanas y derivada también de condiciones sociales y educativas. fue defendido por Voltaire no necesariamente por coincidir con su pensamiento sino por el derecho a expresarlo. Aun cuando el aforismo atribuido a Voltaire nunca fue escrito por él, el mismo revela la actitud intelectual del gran pensador plasmado en toda su obra, principalmente en el Ensayo sobre la tolerancia (1763).

La libertad de pensamiento, plasmada en todas las constituciones del mundo occidental, muchas veces ha sido pisoteada. En Europa la pisoteó el fascismo, el franquismo y las dictaduras militares en Grecia y Portugal. En Estados Unidos lo hizo el Macartismo y ahora por el Trumpismo y en América Latina las dictaduras unipersonales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX y por supuesto también las dictaduras militares observadas en la segunda mitad de dicho siglo XX. Pero también por gobiernos que no necesariamente fueron fascistas ni militares. En México, el priato y su secuela panista practicó ampliamente la censura y la autocensura fundamentadas en el soborno (chayoteo) y el garrote. No puede negarse que aun en la Cuarta Transformación, aunque ésta otorgue suma importancia a la libertad de pensamiento, los resabios prianistas presentes en algunas autoridades locales siguen fomentando estas prácticas autoritarias.

En el momento actual, cuando el fantasma del neofascismo recorre el mundo, la libertad de pensamiento y sus derivados como son la libertad de cátedra, de organización, de reunión, de manifestación deben ser enarbolados. Triste paradoja la que hoy vivimos, el capitalismo neoliberal que se autoproclama “libertario” defiende acérrimamente la libertad de mercado para suprimir a todas las demás libertades.

La cultura del agua: Parte 2, de su origen interestelar a su cuidado terrenal.

 Fernando Cajas.

El agua es un elemento tan cotidiano y omnipresente en nuestra vida diaria que rara vez nos detenemos a cuestionar su origen profundo. Hasta hace apenas unas décadas —dos generaciones atrás—, los currículos escolares de ciencias en todo el mundo enseñaban que el agua existía exclusivamente en la Tierra. Sin embargo, los avances en astronomía han revelado que no es así: el agua se encuentra diseminada en el vasto espacio interestelar.

Unos 200 millones luego del Big Bang, ocurrido hace aproximadamente 13,800 millones de años, el agua surgió como resultado de la combinación de hidrógeno y oxígeno bajo condiciones específicas. No se trata de una simple «unión» de estos elementos, sino de procesos astrofísicos complejos. Según estudios astronómicos, como los publicados en revistas como Science, Nature y datos de la NASA, el agua molecular (H₂O) se formó en nubes interestelares densas, donde el hidrógeno protio (el isótopo más común) se combinó con oxígeno.

Algunos científicos estiman que esto ocurrió tan pronto como 200 millones de años después del Big Bang, mientras que otros lo sitúan alrededor de los 1,000 millones de años. En mi libro La naturaleza social del ciclo del agua, publicado por Editorial Piedrasanta, exploro en detalle estas hipótesis contrastantes.

La complejidad del origen del agua radica en los isótopos involucrados. No cualquier hidrógeno sirve: el agua terrestre coincide mayoritariamente con la de asteroides, que contienen hidrógeno protio en proporciones similares a las de nuestros océanos. En contraste, los cometas suelen tener una mayor cantidad de deuterio (un isótopo de hidrógeno más pesado, con un neutrón extra), como se ha evidenciado en misiones como Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Esto sugiere que los asteroides, no los cometas, fueron los principales proveedores de agua a la Tierra primitiva.

Hace unos 4,540 millones de años, nuestro planeta comenzó a formarse a partir de una nebulosa solar, un disco de gas y polvo que, por acción de la gravedad, aglutinó materiales. La Tierra incipiente fue bombardeada por asteroides y meteoritos, que no solo depositaron metales y minerales, sino también vastas cantidades de agua. Estos impactos generaron un calor inmenso, manteniendo al planeta en un estado mayoritariamente fundido o líquido.

La teoría dominante, respaldada por simulaciones computacionales y evidencias geológicas (como las publicadas en Science), propone que un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Tea (Theia), colisionó con la proto Tierra. Este impacto eyectó material que formó la Luna, mientras que el agua ya presente se redistribuyó. Al enfriarse gradualmente, se creó una atmósfera primitiva, retenida por la gravedad terrestre. Aunque existen hipótesis alternativas, como la posible contribución de volcanes o reacciones químicas internas, el consenso científico indica que la cantidad total de agua en la Tierra ha permanecido constante desde hace unos 4,000 millones de años. No hay mecanismos masivos en el interior del planeta para producir o destruir agua en cantidades significativas.

Este hecho fundamental —que la cantidad de agua en la Tierra es invariable— nos obliga a replantear la crisis hídrica global. No enfrentamos una escasez absoluta de agua, sino un grave deterioro en su calidad, exacerbado desde la Revolución Industrial. La intensa urbanización e industrialización han contaminado ríos, lagos y acuíferos con desechos químicos, plásticos y metales pesados.

En Guatemala, por ejemplo, esta crisis se manifiesta claramente en el lago de Atitlán, donde la contaminación por nutrientes agrícolas y aguas residuales ha provocado floraciones algales tóxicas, afectando no solo el ecosistema sino también las comunidades indígenas que dependen de él cultural y económicamente. Similarmente, el Río Motagua, uno de los más contaminados de Centroamérica, transporta plásticos al mar Caribe, ilustrando cómo nuestras prácticas modernas alteran el ciclo natural del agua.

Independientemente de las explicaciones precisas sobre su origen, el agua nos recuerda nuestra conexión con el cosmos y la responsabilidad de preservarla. Al entender que su cantidad es fija, debemos enfocarnos en estrategias de gestión sostenible: tratamiento de aguas residuales, conservación de cuencas y educación ambiental. Solo así cultivaremos una verdadera «cultura del agua» que honre su esencia universal.

Por eso se debe agregar a nuestra cultura del agua la urgente necesidad no solamente de cuidarla, sino también de tratarla, de limpiarla, de recuperar lagos y ríos, de cuidar las zonas de recarga hídrica que son los elementos del ciclo de limpieza natural y social del agua. Urge que la ley del agua dé el marco regulatorio para que las municipalidades, los comités de agua y las grandes empresas que usan el agua participen en la recuperación de la misma agua. Esa debe ser la prioridad de la ley: Limpieza, tratamiento y reúso del agua. Hagámoslo ahora, porque si no cuidamos el agua ahora, no lo haremos nunca.

La cultura del agua: Pate 1, contradicciones.

 Fernando Cajas.

La cultura se manifiesta en la sociedad como un conjunto de prácticas normalizadas, acciones sociales que se arraigan en construcciones colectivas y se convierten en costumbres. Estas prácticas no solo se basan en creencias, sino que también las generan, forjando una identidad profunda. En esencia, lo que hacemos culturalmente nos define como individuos y como pueblos.

Aunque las prácticas culturales no producen bienes materiales directos, están íntimamente ligadas a las esferas económicas y políticas. Pensemos en una obra de arte como la Gioconda de Leonardo da Vinci o los murales mayas de Bonampak: su valor no radica en lo económico o político inmediato, sino en los sentimientos y creencias que evocan, construyendo identidades para quienes las crearon y para quienes las interpretamos hoy. Eso es la cultura: la capacidad de comprendernos a nosotros mismos y nuestro origen.

De manera similar, existe una «cultura del agua»: el conjunto de prácticas, concepciones, creencias, conocimientos y valores que una sociedad establece en torno a este elemento vital. En nuestra realidad actual, el agua se percibe principalmente como un recurso utilitario, un bien público que, erróneamente, se asocia con algo gratuito y abundante. Sin embargo, esta percepción distorsionada ha generado una relación de descuido: no la respetamos, no la cuidamos ni conocemos su origen ni su ciclo completo.

En Guatemala, somos en gran medida «analfabetos hídricos». Aunque el agua es cotidiana como el aire, la ausencia de una educación integral sobre sus fuentes regionales nos deja en la ignorancia. Por ejemplo, pocos habitantes de Quetzaltenango saben que su ciudad depende de un acuífero subterráneo ubicado bajo ella misma, con un 30% del suministro proveniente de San Juan Ostuncalco y aldeas cercanas. Esta desconexión se repite en municipios y ciudades del país.

Hemos contaminado nuestras fuentes hídricas de manera sistemática, no solo con desechos fecales, sino con contaminantes emergentes como residuos de medicamentos e insecticidas, difíciles de eliminar. En Guatemala, la falta de plantas de tratamiento agrava el problema: casi no existen infraestructuras para purificar el agua a escala nacional. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023, el 40% de la población guatemalteca carece de conexión a una red de agua dentro de sus hogares, con un 50% entre la población indígena frente al 33% en no indígenas. Además, solo el 19% de los hogares reporta acceso ininterrumpido al agua las 24 horas del día. La mayoría no tiene realmente acceso a agua y nadie tiene agua potable. 

Esto repercute en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la tasa de mortalidad atribuida a servicios inseguros de agua, saneamiento e higiene es de 15,3 por cada 100,000 habitantes en Guatemala, más del doble que en otros países centroamericanos. Este acceso limitado contribuye a la desnutrición crónica infantil, que afecta a casi uno de cada dos niños menores de cinco años, una de las tasas más altas del mundo. Una deuda social que le debería dar vergüenza a los gobernantes que hemos tenido. A todos. 

Nuestra cultura del agua es, en esencia, destructiva. El avance tecnológico en hidrología durante los últimos cincuenta años —como el bombeo mecánico de acuíferos— ha exacerbado el uso excesivo y el desperdicio. En países industrializados como Estados Unidos, el consumo per cápita alcanza unos 100 galones diarios, mientras que en Guatemala es aproximadamente la mitad, 50 galones. Sin embargo, el problema global radica en que hemos superado un punto de no retorno, lo que el informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) de enero de 2026 denomina «quiebra global del agua» (Global Water Bankruptcy).

Este documento, publicado en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, describe la quiebra como una condición de insolvencia e irreversibilidad: muchas cuencas y acuíferos ya no pueden retornar a sus estados históricos debido a la sobreexplotación, contaminación y cambio climático. Ese es el caso en Guatemala, donde mineras, agroindustriales y municipalidades han llevado a nuestros ecosistemas a una situación de no retorno. 

El informe urge a «gestionar la quiebra» mediante una renegociación del «contrato con la naturaleza»: transformar la agricultura, repartir equitativamente un recurso menguante y proteger ecosistemas clave como acuíferos y humedales, con un enfoque en la equidad para comunidades vulnerables. En Guatemala, esta quiebra es palpable: zonas de recarga hídrica han sido invadidas por minería y monocultivos, sin sistemas de recuperación adecuados.

Por eso debemos cambiar nuestra cultura de agua, que de momento es una cultura destructiva, que en el discurso parece reconocer que el agua es casi sagrada, pero en la realidad no se disponen de sistemas de cuidado del agua, de tratamiento, de recuperación de las zonas de recarga hídrica. Ese es el reto. Cambiar la cultura del agua y debemos hacerlo ahora, porque si no es ahora, no será nunca. 

La encrucijada de la Usac ante la elección para la CC.

 Fernando Cajas.

La suposición más importante de los corruptos es que son superiores al resto de los humanos. No se les mueve un músculo de la cara para colarse en las filas, como lo demostró la fiscal general en las recientes elecciones en el CANG, cuando a pesar de las protestas de los abogados que sí estaban haciendo la fila, ella no se inmutó. Lo de colarse no es un accidente, es la esencia de ellos. No les importa pretender que hicieron un doctorado, sabiendo que plagiaron el contenido de la tesis. Ni siquiera se enmudece al ser entrevistada sabiendo que ya tenía un plan para usurpar las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios, CANG, haciendo un despliegue de fuerza innecesaria de naturaleza militar ante el silencio del Ministerio de Gobernación que mira a guardias cubiertos de sus rostros y no dice nada.

El ataque a las elecciones del CANG no solamente fue para generar miedo, sino también para generar «evidencia» de la que nos explicaba la abogada Patricia Gámez la semana pasada, esto es, evidencia para un caso en «reserva», porque los corruptos se consideran con la superioridad moral de no dar explicaciones de nada a nadie sino a sus patrones, los dueños de la finca. No entienden el concepto de transparencia. A lo que van en sus allanamientos es primariamente a hacer el show de que tienen «evidencia», pero realmente no tienen nada, todo lo inventarán, porque sus casos, todos, han sido falsos, como los montajes que le hicieron a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Miguel Ángel Gálvez, Jordán Rodas, Jose Rubén Zamora, etcétera y todos los pseudo casos contra Semilla, todos más falsos que un billete de 2 quetzales.

A eso le puso nombre y apellido la abogada Gámez: Terrorismo Judicial.

El movimiento ciudadano de octubre 2023 en contra de la fiscal general, para salvar a la democracia, liderado por los pueblos indígenas del occidente de Guatemala y con el apoyo de todo el país, dejó como resultado la captura de líderes como Héctor Chaclán y Luis Pacheco, entre otros, acusados de terroristas. ¡Imagínese usted! Los verdaderos terroristas son los que están acusando a ciudadanos guatemaltecos por defender la democracia. Si no mire el ridículo caso, Usac: Botín Político, donde hasta el presidente y su vicepresidenta fueron acusados, sin que siquiera participaran en las protestas por el fraude electoral en la Universidad de San Carlos, Usac.

A esos casos es a lo que la abogada Gámez se refiere que no cumplen el «debido proceso», porque el debido proceso parece que no lo estudiaron en las facultades de derecho donde dicen que estudiaron.

A estas alturas de un domingo 15 de febrero, 2026, mientras son las 11:30 de la noche, cuando escribo, hay un ambiente de ambivalencia sobre lo que va a suceder el lunes 16 de febrero en la sesión del Consejo Superior, CSU, de la Usac. El CSU convocó a sus consejeros a un hotel en la Antigua Guatemala, un hotel con puerta por la parte de atrás al Colegio Mayor Santo Tomás, que sí es una propiedad de la Universidad de San Carlos, donde hay un museo y una residencia y donde pudiera hacerse la sesión, si acaso se realiza.

A juzgar por el estatus legal del Consejo Superior, donde la gran mayoría de los consejeros tienen ya sus cargos vencidos y donde existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para que se reemplacen esos puestos, estos consejeros con cargos vencidos no deberían votar. La situación es que, si se atreven a nombrar al magistrado titular y magistrado suplente ante la CC con estos consejeros, lo más seguro es que dicha elección sea impugnada.

Todo eso depende de la relación entre las promesas cumplidas y promesas incumplidas del pacto entre Porras y Mazariegos, si es que existe. Aunque las negociaciones de mayor trascendencia usualmente son mandadas por los dueños de la finca, los detalles de las negociaciones cotidianas las hacen los rufianes callejeros y en esa situación nos encontramos, donde a la fecha y a estas altas horas de la noche no se sabe si el actual rector le va a cumplir a la fiscal y si no cumple, cómo el MP ejecutará su poder coercitivo para asegurar que la fiscal sea electa en el CSU.

Esto que vivimos no solamente es la captura del Estado y de las instituciones estatales de parte de corruptos, sino también es el craso error de meter a las universidades en el combo de la politiquería barata. En ningún lugar del mundo las universidades, ni privadas y menos públicas, andan metidas en este enredo. En lugar de conocer las investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas que hacen las universidades, en lugar de promover programas pertinentes de educación superior, en lugar de mejorar la calidad académica del profesorado universitario, en lugar de esas y muchas más actividades académicas, aquí estamos discutiendo una novela de mal gusto. Eso debe cambiar.

Ya es el momento de rescatar la democracia. La vida nos da otra oportunidad más. No permitamos que la Universidad Nacional y Autónoma nuestra sea utilizada para obsequiar impunidad. Defendamos la democracia nuestra exigiendo al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos que haga un análisis objetivo de las tachas que se han presentado ante candidatos que han sido señalados nacional e internacionalmente. Este ciclo vicioso de politización de la academia debemos cerrarlo. Hagámoslo, pero hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.

Guatemala: la salida de los médicos cubanos.

 Carlos Figueroa Ibarra.

El martes 10 de febrero el Gobierno de Bernardo Arévalo informó oficialmente lo que ya se había estado difundiendo en las redes sociales: se ha dado por finalizado el convenio de 1998 que permitía la presencia de médicos y personal de salud en el país. Fue con motivo del desastre ocasionado por el huracán Mich, que el entonces presidente, el político de derecha Álvaro Arzú, dio luz verde para que se iniciara el programa de cooperación cubana con Guatemala. Hoy, el Gobierno progresista de Bernardo Arévalo inicia la cancelación gradual de la presencia de los 442 médicos y trabajadores de la salud que actualmente están en Guatemala. Según nos informa el periódico La Jornada (significativamente en la sección “Trump asfixia a cubanos”), hasta 2025 había 24,000 médicos, médicas y personal de enfermería cubanos asentados en 56 países. Es necesario mencionar que los diversos gobiernos estadounidenses han atacado esa cooperación internacional y esos ataques se han vuelto más furibundos en la actual administración encabezada por Donald J. Trump.

El Gobierno guatemalteco ha dado en un comunicado oficial un motivo que se antoja vago e inverosímil. Dice que después de “un análisis técnico” ha tomado la decisión referida para “fortalecer el sistema de salud público y garantizar la continuidad de los servicios con personal nacional”. Se trataría de construir capacidad interna y reducir la dependencia de colaboradores externos. Hay que decir que como sucede en otros países, médicos, médicas y personal de enfermería son enviados generalmente a lugares apartados y de gran miseria, sitios en los cuales los profesionales de la medicina locales prefieren no ir. Por otra parte, sabido es que la situación de la salud pública de Guatemala figura entre las más precarias de América Latina. El comunicado oficial es vago porque es difícil imaginar las razones técnicas que ha tenido el Gobierno para cancelar el programa un año antes de su expiración (2027). Es inverosímil porque los datos de salud en Guatemala son muy malos.

La mortalidad infantil (niños de menos de 1 año) pese a avances, sigue siendo muy alta comparada con otros países de la región: 180 muertes por cada 100,000 nacidos vivos cuando el promedio regional está en 120-130. Mas baja que en Haití (400), República Dominicana (280), Venezuela (220) y Bolivia (200). Más alta que en Paraguay (150), Perú (140), Brasil 130), Honduras (130), México (120), Colombia y Ecuador (110), Argentina (90), (Cuba (70), Chile y Uruguay (60). La mortalidad materna es también elevada (180). Y qué decir de la desnutrición infantil: el 50% de los niños menores de 5 años está desnutrido, por lo que la mitad de los niños presentan retraso en el crecimiento. Esta cifra sube al 60 y 70% en la población indígena. Las tasas de vacunación en Guatemala son bajas, por ejemplo, la cobertura de sarampión llega al 83% cuando lo recomendable es el 95%. La miseria hace que las enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias ocasione de manera frecuente la muerte en especial en niños. Hay un porcentaje elevado de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

El sistema de salud pública está muy deficientemente financiado, concentrado en las zonas urbanas lo cual deja en gran vulnerabilidad a la población rural e indígena. Los hospitales y clínicas tienen falta de equipos, medicamentos y muy importante: de personal médico y de enfermería. Solamente el 18% de la población está afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el resto de la población tiene que acudir a las dependencias del Ministerio de Salud Pública. La medida adoptada por el Gobierno de Bernardo Arévalo se da en el contexto de que en Guatemala solamente existe 128 médicos por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio mundial (170) y el de América Latina y el Caribe (200-257). En Argentina hay 390 médicos por cada 100,000 habitantes, Chile (317), Colombia (245), Brasil (205), México (240). Y en la Cuba con 67 años de bloqueo imperialista existen 800 médicos por cada 100,000 habitantes.

Sustentado en los datos anteriores, cualquiera puede concluir que el retiro de la misión cubana de trabajadores de la salud no se debe a que Guatemala tiene un panorama luminoso en lo que se refiere a resolver gradualmente sus carencias en salubridad. Más bien, lo que puede pensarse es que el Gobierno de Bernardo Arévalo ha tomado esa decisión debido a la necesidad que tiene del apoyo de Washington para poder sobrevivir. El retiro de la misión cubana tiene antecedentes que son controversiales: la calificación al gobierno venezolano como dictadura cuando es cauto frente a la dictadura vecina en El Salvador; el recibimiento con bombos y platillos al neofascista Edmundo González Urrutia; la celebración oficiosa por el otorgamiento del premio Nobel a la también neofascista María Corina Machado; silencio frente al genocidio palestino por parte de Israel; abstención en septiembre de 2025 en la Asamblea General de la ONU que votó por 142 votos a favor la solución de dos estados para Israel y Palestina. El Gobierno de Arévalo necesita desesperadamente de la administración Trump para poder resistir el embate del Pacto de Corruptos, la coalición criminal y ultraderechista que lo adversa.

También podemos advertir que la decisión del retiro de la misión médica cubana de Guatemala forma parte de un sostenido embate estadounidense contra Cuba. El pretexto que se arguye es que los médicos y médicas y personal de enfermería cubanos son trabajadores esclavizados y que cuestan mucho dinero. Así podemos observar que las misiones han sido retiradas de países en los cuales la derecha gobierna o ha llegado a gobernar: Brasil (Bolsonaro en 2018); Ecuador (Lenín Moreno en 2019); Bolivia (después del golpe de estado de 2019); El Salvador (Bukele en 2019); Bahamas (2025); Guyana (2026); Paraguay (2026). Y como Guyana y Paraguay, a partir de este año Guatemala. Es evidente que el retiro de las misiones médicas cubanas es parte de la agenda reaccionaria e imperialista en la región. Hoy el Gobierno de Guatemala se ha sumado a dicha agenda.

La gaveta desordenada: Del subconsciente al consciente.

 Fernando Cajas.

Mientras recuerdo mi último sueño, el de anoche, o el de la madrugada, no lo sé, también recuerdo el libro aquel de Mario Bunge que leí hace tiempo: El problema mente-cerebro. Bunge insiste en que la mente no es un ente separado, sino las funciones mismas del cerebro. Los sueños, según él, no son mensajes cifrados del inconsciente, sino fenómenos biológicos, actividad neuronal que ocurre mientras dormimos.

Y, sin embargo, anoche regresé al Quetzaltenango antiguo, en mi sueño. Pasé primero por la casa de mi tía Arabela y luego llegué a la de mi abuela Lola, esas dos viviendas de mediados del siglo pasado, de paredes gruesas, frías y oscuras, donde los rayos de sol se filtraban entre el humo de la leña. Estaba otra vez en Xelajú, debajo de los diez cerros: El Baúl, el Cerro Quemado, el Santa María y el Siete Orejas. Olía a madera vieja y a tiempo detenido.

En el sueño me detuve frente a una cómoda, mueble, de fina madera quetzalteca, con su espejo en el centro. Una de las gavetas estaba a medio salir. Dentro reinaba un desorden familiar: fotografías pequeñas en blanco y negro medio tapadas por cadenas de plata y oro, anillos, broches, cosas que parecían más de mi madre que de mi abuela o mi tía. Aquel desorden no me inquietó. Al contrario, me produjo una sensación de estar en casa, de reconocer lo mío. Me sentí cómodo en medio de la complejidad.

Los que interpretan sueños dirían que soñar con gavetas habla de ideas anticuadas que necesitan ordenarse, de poner la mente en su lugar. Los psicoanalistas, siguiendo a Freud, verían ahí un mensaje del inconsciente. Los cognitivistas y neurocientíficos, en cambio, dirían que no significa casi nada: solo el cerebro reorganizando información, pasando datos de la memoria corta a la larga, fortaleciendo conexiones neuronales mientras dormimos, como señala la Asociación Psicológica Americana, APA.

El psicoanálisis me enseñó a valorar lo que parece existir por debajo de la conciencia, pero terminó dándole demasiado poder al inconsciente. El cognitivismo y la neurociencia nos han dado herramientas poderosas para entender cómo funciona el cerebro, pero reducen demasiado la experiencia humana a procesos internos, como si fuéramos computadoras sofisticadas.

Al final, he llegado a una conclusión: el aprendizaje, y con ello las emociones, no ocurre solo dentro de la cabeza de cada uno, ni siquiera solo dentro del cerebro. El aprendizaje es una actividad social. Sucede en la comunidad donde vivimos, está mediado por prácticas culturales compartidas, por formas de hacer, de hablar, de recordar y de relacionarnos que nos preceden y nos constituyen.

Por eso aquella gaveta desordenada me gustó tanto. No era solo mi desorden interior. Era el desorden de una casa, de una familia, de una ciudad y de una historia. Era el desorden de la vida real, confusa y compartida, que cada día intentamos habitar y, en alguna medida, ordenar juntos.

Entonces, ¿qué significa soñar con esa gaveta entreabierta? Quizá no signifique «ordenar algo» ni sea mero ruido neuronal. Quizá sea solo un destello de esa realidad social que vivimos: compleja, desordenada y, a pesar de todo, nuestra. Quizá solamente sea la forma en que mi cerebro sigue extrañando a mi mamá y sus gavetas llenas de recuerdos, la gaveta que guardaba en blanco y negro quienes éramos nosotros, la desordenada gaveta que tenía su anillo de bodas a la par de otras fotos a colores viejas recortadas de manera curiosa. Quizá soñar es solamente otra práctica social para consolidar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. 

Y al fin, ¿de quién es el agua?

 Fernando Cajas.

Mientras termino de revisar la versión final de mi libro La Naturaleza Social del Agua, editado por la Editorial Piedrasanta de Guatemala y listo para llegar a librerías, bibliotecas, escuelas y lectores a finales de este febrero de 2026, sigo preguntándome cuál es el verdadero estatus que la propuesta de Ley de Aguas le otorga al recurso hídrico. A pesar de las consultas públicas y los comentarios enviados en noviembre pasado, no queda claro si nuestras sugerencias fueron consideradas. En un mundo dominado por computadoras, páginas web e Inteligencia Artificial —el método que usó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para recopilar opiniones—, es difícil saber quién lee qué, quién analiza y si realmente se toma en cuenta la voz de la ciudadanía.

Hasta hoy, 6 de febrero de 2026, persiste un silencio institucional: ni respuestas a los comentarios, ni detalles sobre la metodología para integrar los aportes de las comunidades consultadas.

De acuerdo con la primera parte de la propuesta de Ley de Aguas del MARN, el agua es de dominio público, lo que implica que todas las aguas pertenecen a la Nación y, por ende, a todos los guatemaltecos. Es un bien público esencial, no privatizable en su esencia. El reto radica en cómo regular su uso, mantenimiento, limpieza y concesiones. Para ello, el documento establece principios clave en su Artículo 3: equidad intergeneracional, igualdad y no discriminación, interculturalidad, responsabilidades comunes, pero diferenciadas, eficiencia económica, el principio de «quien contamina paga y rehabilita», sostenibilidad ambiental, participación social y otros reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional. Estos se enmarcan en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), un enfoque holístico para administrar el agua alineado con los objetivos de la ley. Este es el enfoque de la maestría en Ciencia y Tecnología del agua del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango. 

Sin embargo, estos principios nobles contrastan con la realidad acumulada tras siglos sin una ley adecuada: hemos abusado del recurso, convirtiendo ríos en basureros y dejando fuentes contaminadas. Según datos del MARN, más del 90% de las fuentes de agua presentan contaminación bacteriológica, incluyendo residuos fecales que provocan enfermedades diarréicas. Estudios posteriores, como los del Instituto de Agricultura, Ciencias Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar, confirman que el 90% del agua dulce no es apta para consumo humano, con las heces fecales como principal contaminante. Esta situación obliga a que la ley priorice obligaciones como el tratamiento y reúso de aguas por parte de las municipalidades, así como la protección de zonas de recarga hídrica.

Uno de los puntos más críticos de la propuesta es la creación de la Autoridad Nacional del Agua, integrada por un Directorio similar al de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esta «superintendencia del agua» incluiría representantes de los ministerios de Ambiente, Agricultura Ganadería y Alimentación, Salud, Energía y Minas, y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Surge la duda: ¿tienen estas instituciones la capacidad y el interés genuino para gestionar el agua de manera efectiva? Históricamente, han mostrado limitaciones en este ámbito, y esta estructura podría generar una burocracia innecesaria que dependa de entidades poco especializadas.

Para mejorar esto, propongo replantear el Directorio hacia una mayor representatividad. Incluir delegados directos de comunidades indígenas y rurales, así como de instituciones académicas como la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) o institutos de investigación especializados en GIRH, fortalecería la toma de decisiones. Modelos exitosos en América Latina nos inspiran: En Colombia, las reformas de las Leyes 142 y 143 de 1994 han integrado al sector privado de manera regulada, mejorando la eficiencia sin sacrificar el acceso público.  También en Cali, Colombia, el instituto CINARA, ha recuperado partes del río Cauca con su modelo de gestión del agua comunitaria generado en la misma Universidad del Valle de Cali, una universidad hermana del CUNOC. Adoptar elementos de estos enfoques podría evitar que nuestra ley se convierta en un instrumento hiper burocratizado que empeore la gestión en lugar de mejorarla.

No podemos ignorar el esfuerzo de las bases: en Guatemala, existen aproximadamente 35,000 comités de agua rurales que han introducido el recurso a comunidades sin apoyo estatal, cuidando zonas de recarga hídrica. Sin embargo, muchos carecen de sistemas de tratamiento y reúso. La ley debe priorizar su fortalecimiento, reconociendo su labor y dotándolos de recursos técnicos. En lugar de intentar resolver todos los problemas acumulados de una vez —contaminación, acceso desigual, concesiones mineras y agrícolas—, la normativa debería enfocarse en etapas: primero, el tratamiento municipal de aguas residuales; segundo, la protección de fuentes; y tercero, mecanismos de concesión equitativos.

Al final, el agua es de todos, pero su gestión debe reflejar esa realidad. Invito al MARN a romper el silencio, publicar un informe detallado sobre las consultas y ajustar la propuesta con mayor inclusión. Como ciudadanos, debemos exigir participación: Platiquemos con quienes están en los Cocodes, con consejos municipales, alcaldes, diputados para que esta ley no sea solo un papel, sino un compromiso real con la equidad y la sostenibilidad. Solo así responderemos verdaderamente a la pregunta: el agua es nuestra, y es hora de cuidarla como tal. Hagámoslo ahora, cuidemos el agua porque si no es ahora, no será nunca.