Fernando Cajas.
«El sistema de justicia guatemalteco nace, crece y se desarrolla en y desde el Conflicto Armado Interno. Entre 1960 y 1985, más de doscientos mil guatemaltecos perdieron la vida. Uno quisiera creer que tanta muerte y sufrimiento hubieran servido de algo. Pero no. Las redes criminales que entonces lideraban militares gobiernan todavía, solo que ahora con traje y corbata, con expedientes y con sentencias».
Esto lo escribí aquí mismo, en La Hora, el 12 de marzo de 2025, en mi columna “Injusticia”. Ayer 5 de mayo de 2026, el presidente Bernardo Arévalo ha nombrado a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general. García Luna empieza su mandato como una golondrina, sí. Pero en Guatemala una golondrina no hace verano. Hace, a lo sumo, una breve ilusión de cambio en un pantano de corrupción que sigue tragándose todo.
La historia contemporánea de Guatemala no es la de una democratización fallida. Es la de una metamorfosis exitosa del autoritarismo. Lo que antes se resolvía a balazos, hoy se ejecuta con un sofisticado andamiaje legal. Las estructuras de exclusión no fueron desmanteladas en 1996 con los Acuerdo de Paz, fueron modernizadas. La “paz institucional” no trajo justicia; trajo una arquitectura perfecta para la captura. La CICIG lo llamó, con precisión quirúrgica, Élite Depredadora. Esa élite —el brazo más rancio del empresariado guatemalteco— sigue al mando. El país está diseñado como botín perpetuo como escribe Gustavo Galindo. Los intentos de sacudirnos a estos corruptos —1944, 1996, 2015, 2023— han sido sistemáticamente neutralizados.
En este lodazal aparece ahora un nuevo fiscal electo “de entre los menos malos”. El sistema de Comisiones de Postulación, con la participación estelar de las universidades, garantiza que nunca llegue lo mejor. Las universidades privadas, muchas de ellas simples empresas con fines de lucro, negocios de mala muerte, por ley forman parte de las Comisiones de Postulación. O sea, lo peor del país, escoge a las Altas Cortes. ¿Cómo no vamos a tener un sistema de justicia ineficiente, incapaz y capturado por los corruptos y el empresariado de la derecha rancia guatemalteca?
La propia Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) hoy cooptada hasta la médula, se ha convertido en pieza clave de la maquinaria de captura. Sus rectores corruptos politiqueros, entre los que destacan: Estuardo Gálvez y Walter Mazariegos no solamente han sido cuestionados, son elementos clave del Pacto de Corruptos no digamos sus decanos de «Derecho» dispuestos a todo por poder y prebendas, venden su alma al diablo y la de sus instituciones sin que se les mueva un músculo de la cara. El caso más asqueroso es el de Henry Arreaga, actual decano de la clica de Derecho de la USAC.
En este panorama la corrupción no es un accidente, es una autocracia diseñada como claramente los ha reportado Anne Applebaum en diferentes países del mundo. Este fue el método de gobierno en la era Giammattei: hospitales modulares fantasma, Centro de Gobierno sin base legal, contratos inflados en el INDE y el CIV, nepotismo descarado y un robo multimillonarios en vacunas rusas para COVID que ni siquiera vinieron. Pero todo eso realizado de tal forma que desde el Ministerio Público se planificaba la impunidad para que el Pacto de Corruptos y su hija putativa la Alianza Criminal, le dejara el camino libre a la Élite Depredadora.
El Ministerio Público de Jimmy Morales y de Alejandro Giammattei defendía a los poderosos y perseguía selectivamente a los incómodos. Ese es el lodazal que hereda Gabriel García Luna dentro de un sistema de justicia totalmente dañado, con fiscales que no son fiscales, sino que han sido agentes de oficio en la defensa de corruptos. Ese es el reto del nuevo fiscal general. Por eso: No basta con cambiar una cara. Hay que cambiar el diseño.
Propongo, una vez más, el primer paso indispensable para recuperar al sistema de justicia guatemalteco: excluir a todas las universidades de las Comisiones de Postulación. No se trata de desconocer su rol histórico, sino de reconocer que hoy están capturadas y expuestas a presiones que las alejan de su esencia. En su lugar, fortalezcamos mecanismos de verdadera participación ciudadana: paneles independientes de sociedad civil, con auditoría internacional o, incluso, explorando formas de elección directa como se ha discutido en otros países de la región.
Las universidades deben volver a ser lo que nunca debieron dejar de ser: centros de pensamiento crítico, innovación, de producción de ciencia y tecnología. Imaginen una USAC libre, investigando energías renovables para el INDE, políticas públicas honestas para el Ministerio de Comunicaciones, investigando y apoyando la solución de la desnutrición infantil, mejorando los sistemas de agua potable desde la innovación tecnológica y no metida en este lodazal politiquero de las comisiones de postulación.
El tiempo apremia. Exijamos al presidente Bernardo Arévalo, a la vicepresidenta Karin Herrera y a la ministra de Educación Anabella Giracca y a diputados como José Chic que impulsen, ya, una reforma constitucional profunda de la educación pública superior guatemalteca. Este es un problema educativo esencial para Guatemala que debe afrontarse. No nos queda mucho tiempo para recuperar a nuestras instituciones. Hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.
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