Fernando Cajas.
Los datos de inversión en ciencia y tecnología en Guatemala son simplemente desgarradores: el país invierte apenas el 0.03% del PIB, la cifra más baja de toda América Latina. Este dato, por sí solo, explica buena parte de nuestro atraso histórico. Podría decirse —con razón— que ningún gobierno ha apostado seriamente por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en el actual gobierno existía una expectativa legítima de cambio. Se esperaba que Bernardo Arévalo y Karin Herrera impulsaran una política distinta. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.
El problema de fondo no es únicamente presupuestario, sino estructural: Guatemala carece de una política nacional capaz de articular sectores estratégicos. Primero, el sector educativo, donde debería impulsarse una educación científica y tecnológica, pero sobre todo una educación técnica que el país ha abandonado sistemáticamente. Segundo, el sector productivo, es decir, el empresariado real que produce, innova y genera valor, no el empresariado corporativo que vive de privilegios y captura del Estado. Tercero, el sector económico, que debería romper con la dependencia casi exclusiva de las remesas y con prácticas económicas arcaicas. Y cuarto, el sector jurídico, que sigue siendo un obstáculo, debido a la burocracia y los privilegios, para la creación de empresas, fábricas e industrias.
Estamos ante un problema institucional profundo. Las universidades, en general, no desarrollan ciencia, tecnología ni innovación de manera significativa. Peor aún, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) no se ha comprendido la urgencia de rescatar a las universidades —en especial a la universidad pública— para que cumplan su papel histórico: ser centros culturales, científicos y tecnológicos al servicio de la modernización productiva del país. Sin universidades fuertes en investigación e innovación, no hay desarrollo posible.
Guatemala cuenta con trabajadores excepcionales: personas que se levantan de madrugada y trabajan jornadas extensas, día tras día. El problema no es la falta de trabajo, sino la baja productividad. Esta situación no es culpa del trabajador, sino de un modelo económico construido históricamente sobre cultivos primarios, poco mecanizados y con escasa transformación, con contadas excepciones como el azúcar. Sin ciencia, sin tecnología y sin innovación, el esfuerzo humano se desperdicia.
Conviene aclarar algo fundamental: Guatemala no es subdesarrollada porque no invierte en ciencia y tecnología. Ocurre exactamente lo contrario. No invertimos en ciencia y tecnología porque nuestras instituciones son incapaces de innovar y porque un grupo oligárquico, corto de visión histórica, ha preferido apostar a la corrupción antes que a la innovación. Estos pseudosistemas productivos no buscan competir, sino obtener privilegios; no buscan eficiencia, sino rentas; y para ello sostienen una democracia falsa, diseñada para saquear al Estado y enriquecerse a costa de la mayoría.
El resultado es un país atrapado en el atraso, con instituciones débiles, una economía dependiente y una democracia vaciada de contenido real. Frente a esto, no bastan discursos ni buenas intenciones. Es imprescindible un replanteamiento profundo de nuestros sistemas de producción, alimentándolos de ciencia, tecnología e innovación, pero dentro de un marco de democracia verdadera, donde el poder económico no capture al Estado.
Este replanteamiento no puede seguir postergándose. Debe hacerse ahora, porque si no se hace ahora, simplemente no se hará nunca.
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