Fernando Cajas.
Lo que hoy vivimos en Guatemala es un contra ataque a la democracia nuestra. Ya sea la reciente fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2 o el caso falso, fake, del montaje del Ministerio Público, MP, sobre la compra de medicinas a través de UNOPS, un mecanismo de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos. Lo de los 20 reos, lo de la compra de medicina a través de UNOPS, ahora llamado tendenciosa e ilegalmente «Corrupción Presidencial», lo de «Corrupción Semilla», lo de «USAC: Botín político» y toda la sarta de casos falsos armados a la medida de los intereses del Pacto de Corruptos para realizar su golpe de Estado al presidente Arévalo, todo eso no nos debería de sorprender.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite informó recientemente que en Guatemala hay un patrón de criminalización. Satterthwaite reporta que el sistema de justicia utiliza el derecho penal para intimidar a quienes combaten la corrupción. Este informe del 2025 es parte de una serie de informes nacionales e internacionales sobre el retroceso de la justicia guatemalteca. Como parte de la evidencia, la fiscal general Consuelo Porras ha sido sancionada por 42 países, quizá la persona más sancionada en el mundo. Los corruptos han cooptado al sistema de justicia.
Estamos hablando de estructuras criminales que se han apoderado del sistema de justicia por diseño de un movimiento antidemocrático de naturaleza mundial que se ve reflejado en la compleja realidad guatemalteca. Ya no es una lucha ideológica, como la que se vivía en la Guerra Fría de mediados del Siglo pasado en el mundo y que también afectó a Guatemala, la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Ya no. Aquí no hay dos formas ideológicas diferentes para vivir mejor, para nada. Aquí lo que hay son simple y llanamente intereses egoístas de manipuladores compulsivos, mentirosos, psicópatas de la política que tienen una única especialidad en la que son auténticos, en la que son excelentes: Sacar partido de los demás. El caso al que me refiero es al de Alejandro Giammattei y a su séquito de amantes, ladrones, saqueadores del Estado de los que el Ministerio Público no dice ni pío.
La CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue una comisión creada legalmente entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006 y disuelta de forma ilegal el 3 de septiembre de 2019. Fue cerrada cuando el denominado Pacto de Corruptos se dio cuenta de que la CICIG estaba desmantelando sus estructuras criminales, entonces pegaron el grito al cielo y se aprovecharon de nuestra ingenuidad democrática, de tal forma que planificaron, con apoyo de ciertas elites empresariales, no todas, ciertas elites empresariales corruptas y apoyo internacional, la salida de la CICIG.
Los resultados de la CICIG fueron dramáticos a tal extremo que llevó a prisión a un presidente y a una expresidente, puntas de lanza momentáneas de estructuras criminales que por mucho tiempo han estado incrustadas en el Estado de Guatemala. Las estructuras criminales que nacen de la postrevolución de 1954, acogidas dentro de movimientos de militares guatemaltecos, quienes, aprovechando la guerra civil, se hicieron millonarios a costa de cooptar las instituciones guatemaltecas. Un caso documentado es la Cofradía, al que perteneció Otto Pérez Molina. Ciertamente, la corrupción en Guatemala no es nueva, solamente ha cambiado de forma y ha sofisticado sus mecanismos de extracción ilegal e inmoral de los recursos de nosotros, los guatemaltecos.
La llegada del gobierno revolucionario de 1944 al poder fue el resultado del coraje de los guatemaltecos de entonces. Eso fue lo que hubo, hubo coraje. Recuerdo que los ojos de mi padre brillaban cuando contaba que los quetzaltecos, acostumbrados a no apoyar proyectos ni movimientos de la capital, se juntaron en el parque central para apoyar la revolución. Pero cuanto fue su tristeza, cuando contaba que para 1954, en el inicio de la contra revolución, apoyada por la CIA, la agencia norteamericana de inteligencia por sus siglas en inglés, la invasión de mercenarios desde Honduras no pudo ser evitada porque no armaron al pueblo. Papá, entonces de 21 años, era parte de la juventud revolucionaria que pidió fusiles para defender nuestra revolución. Esos eran los jóvenes de entonces.
Guardando las diferencias, la contra revolución de 1954 es análoga al contra ataque de los corruptos a la CICIG. El 3 de septiembre de 2019 debería quedar marcado como un día fatídico para Guatemala, el día de la expulsión ilegal de la CICIG del territorio guatemalteco. Ya el Pacto de Corruptos había puesto a una marioneta como presidente, un comediante de mala muerte, un muerto de hambre, hombre de paja alcoholizado por sus miedos, alguien de baja calaña que no tenía patria que defender sino órdenes de los corruptos que obedecer: Jimmy Morales. Lo mismo vale para su vicepresidente, otra marioneta, ex rector de la Universidad de San Carlos, capaz de vender su alma al diablo: Jafet Cabrera Franco, quien realmente no tuvo nada de franco. Esto marcó el inicio de la noche obscura de la emergente democracia guatemalteca.
Jimmy Morales y Jafet Cabrera no solamente sacaron ilegalmente a la CICIG sino se robaron la esperanza democrática guatemalteca al facilitar la llegada a la presidencia de Alejandro Giammattei, el peor presidente que ha tenido Guatemala, en la era democrática y en la era dictatorial, por mucho este monstruo moral gana la competencia por lo peor, peor en todo. A Jimmy Morales se le encargó que se deshiciera de la fiscal general Thelma Aldana, quien había dirigido los casos legales contra los corruptos. Morales escogió como fiscal general a Consuelo Porras y con eso todo está dicho.
Consuelo Porras llega a fiscal general no por mérito alguno, de hecho, no tenía un perfil mínimo en su carrera jurídica como para dirigir a todo el brazo investigativo del Organismo Judicial. A Porras la llevan como producto de un plan, el plan de recuperar el poder de parte de los corruptos que ya habían perdido mucho terreno, según ellos, durante el tiempo de la CICIG. Pero el plan no es un plan cualquiera. Es un diseño minuciosamente realizado que se basa en la hipótesis de que para destruir a una democracia hay que cooptar sus instituciones y principalmente no dejarlas funcionar adecuadamente.
Entre el 2019 y el 2025 el sistema de justicia guatemalteco cada día está más cooptado. El MP se ha dedicado a recuperar el poder de los corruptos y lo hace utilizando tres sencillas pero efectivas estrategias: 1) Persigue a todo aquel que identifica casos de corrupción, persigue a los honestos, persigue a los periodistas que se opusieron tanto a Jimmy Morales como a Alejandro Giammattei; 2) Finge que persigue corruptos, a los cuales identifica con nombre y apellido, pero intencionalmente debilita los casos de tal forma que no presenta las pruebas adecuadas con el único objetivo de liberar corruptos y 3) Inventa casos falsos a diestra y siniestra para sembrar miedo y cosechar silencio, para producir la apatía de la población.
El ataque a la democracia guatemalteca la están haciendo los corruptos para justificar un sistema dictatorial bajo el pretexto de que la democracia no funciona, es muy suave, es muy floja, es muy tibia. La crisis del sistema de justicia de Guatemala es de larga data, viene desde aquellas épocas oscuras de la guerra civil cuando metían a quienes se oponían a los regímenes militares en una «perrera» o los introducían, entre gritos y llantos de sus amigos y familiares, a la «camioneta van blanca», o se los llevaban a alguna zona militar manchada de sangre, iconos de los secuestros, las desapariciones, las torturas y los juicios hechos por los tribunales de fuero especial inventados por un genocida. Todos esos hechos hicieron famoso el río Motagua, no por la basura de plástico que llevaba al Atlántico, sino por los cadáveres que los militares iban a tirar de nuestros mártires. Esa era la justicia guatemalteca.
Ahora, en el 2025, los mismos corruptos de entonces, ex militares, asociados a lo más rancio de las elites empresariales de la extrema derecha, asociados a los nuevos poderes del narcotráfico internacional, quienes se han repartido al país cual pastel, ahora controlan el país por medio de controlar al sistema de justicia. Ciertamente hay jueces que se venden al mejor postor, no todos por supuesto porque aún tenemos jueces honestos, pero con los que se venden, tenemos un sistema de justicia al servicio de la injusticia, de la trampa y de la mentira.
El país está cooptado por pandillas que parecen dirigir al mismo sistema de justicia o al menos que tienen influencia para decidir en qué cárcel quieren estar. Este movimiento antidemocrático ha llevado al país a un verdadero desastre con una profunda pobreza, 60% de la población en estado de pobreza, 50% de los niños con desnutrición infantil, con migración de padres de familia que llora sangre porque para crear mejores condiciones de vida para sus hijos, se van a los Estados Unidos, separándose de lo más amado porque el país no permite condiciones mínimas, dignas de desarrollo económico, menos social y mucho menos de desarrollo cultural.
Mientras se da el descalabro del sistema de justicia por diseño, por interés en mantener prebendas y privilegios, mientras este mundo del sistema de investigaciones dirigido por el MP siga en manos de quien defiende a los más corruptos, no tendremos democracia. El camino que nos queda es recuperar el país, hacer un nuevo país, no este paisaje de privilegios para unos pocos. Y mientras el sistema de justicia se cae, las facultades de derecho de todo el país, que ya se cuentan por docena, no dicen nada, no dicen ni pío. ¿Será que quienes forman a los juristas, a los abogados, a los notarios, a los futuros jueces creen que no tienen vela en este entierro?
A lo lejos se escucha la voz temerosa del Colegio de Abogados y Notarios, que debería controlar y regular la profesión, la profesión que es para impartir justicia. Escúchese bien, la profesión que es para impartir justicia. Pero el Colegio de Abogados y Notarios ha olvidado que existe para que sus agremiados cumplan con los estándares éticos y profesionales para que en el país exista justicia y no son capaces de decirle nada ni a Consuelo Porras ni a su perro fiel, Rafael Curruchiche, que cada poco sale diciendo una barbaridad jurídica tras otra. Han silenciado todas nuestras instituciones. Solamente nos queda despertar y aprender del coraje de nuestros padres y abuelos que sí supieron hacer una revolución de verdad, la revolución de octubre de 1944.
