Los límites de las profesiones y su futuro: Parte 2.

 Fernando Cajas.

Las profesiones nacieron con una promesa sencilla y poderosa: poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Ingenieros para llevar agua potable, médicos para preservar la vida, abogados para defender la libertad y maestros para formar ciudadanos. Esa promesa, sin embargo, no solo está en crisis; en muchos casos, ha sido sustituida por una simulación.

En países como Guatemala, el problema no es la ausencia de profesionales, sino la distancia creciente entre el título y la función social. Según datos regionales del Banco Mundial y la CEPAL, América Latina ha incrementado de forma sostenida su cobertura universitaria en las últimas dos décadas, pero ese crecimiento no se ha traducido proporcionalmente en mejoras en productividad, calidad institucional o acceso equitativo a servicios básicos. Guatemala no es la excepción: más egresados, pero no necesariamente mejores soluciones.

Tomemos un ejemplo elemental. El acceso a agua potable segura sigue siendo limitado en muchas áreas rurales y periurbanas del país. No es un problema técnico irresoluble: existen soluciones de bajo costo, conocimiento disponible y profesionales formados. Sin embargo, la brecha persiste. Esto obliga a una pregunta incómoda: ¿qué falla, el conocimiento o la organización social de ese conocimiento?

En la primera parte de esta serie aquí en La Hora (23 de abril de 2026) de reflexiones, señalaba yo que las profesiones modernas separaron artificialmente teoría y práctica. Hoy debemos añadir algo más: también han separado responsabilidad y ejercicio profesional.

Los colegios profesionales, concebidos como garantes de calidad y ética, han derivado con frecuencia en estructuras cerradas, más preocupadas por el uso de sus privilegios –consagrado incluso constitucionalmente en Guatemala– lo que representa una anomalía. Aquí sacrificamos la libertad de asociación en nombre de una autorregulación que, en la práctica, pocas veces rinde cuentas a la sociedad. 

Esto no implica que todos los profesionales fallen, ni que todas las instituciones estén cooptadas. Sería injusto e intelectualmente pobre afirmarlo. Pero sí es evidente que existen incentivos perversos como proteger al gremio antes que, al ciudadano, validar credenciales antes que competencias o preservar cuotas de poder antes que resolver problemas públicos. 

Cuando un sistema profesional tolera títulos dudosos, procesos electorales cuestionables o sanciones inexistentes, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. De eso tenemos ejemplos varios en Guatemala, algunos se hicieron virales como el doctorado falso de Consuelo Porras o el título falso de ingeniero del alcalde de Quetzaltenango Juan Francisco López, aceptado por el Colegio de Ingenieros en la sede de Quetzaltenango que le llamó Ingeniero «provisional» y donde los tribunales de honor no dijeron ni pío. 

Paralelamente existe otro fenómeno menos discutido: la sobreproducción de profesionales en ciertas áreas frente a una escasez crítica de técnicos y especialistas prácticos. Mientras las universidades continúan graduando abogados, administradores o profesionales con formación altamente teórica, el país carece de: técnicos en agua y saneamiento, especialistas en mantenimiento industrial, operadores calificados en sistemas productivos, técnicos en alimentos, técnicos en nutrición rural y formadores técnicos de alto nivel. El resultado es paradójico: una economía con títulos, pero sin capacidades suficientes para resolver problemas concretos.

Este desbalance no es casual. Responde a una cultura que ha sacralizado el título universitario y ha devaluado la artesanía moderna, entendida no como trabajo manual precario, sino como dominio técnico riguroso y bien ejecutado. Es una enfermedad social que yo he llamado «licenciatitis» que nos encuentra en medio de una nueva crisis: el de la Tecnología, automatización y el fin de la ilusión profesional. 

Diversos estudios (McKinsey, OECD) estiman que entre un 20% y un 40% de las tareas actuales en profesiones como derecho, contabilidad, medicina diagnóstica o ingeniería básica pueden ser automatizadas en la próxima década. No desaparecerán todas las profesiones, pero sí cambiará profundamente su naturaleza. Esto tiene al menos tres implicaciones: El conocimiento repetitivo pierde valor. También tiene que ver con lo que puede hacer un algoritmo, el que dejará de justificar años de formación tradicional. En ese sentido la práctica situada gana relevancia (para eso hay que leer a Jean Lave y Etienne Wagner, sobre aprendizaje situado, leer, no tratar de entender usando IA). La formación debe incluir la solución de problemas reales, en contextos específicos lo que será más importante que acumular teoría. 

Así la frontera entre profesión y oficio se diluye por lo que el futuro no será solo de “profesionales” sino de personas capaces de integrar conocimiento, técnica y ejecución. En otras palabras, la distinción clásica entre profesional e “informal” comienza a perder sentido. La pregunta ya no será qué título tiene alguien, sino qué sabe hacer y con qué impacto.

En la próxima entrega analizaré más de cerca a la profesión de ingeniería y los técnicos asociados para ilustrar la transición en la que nos encontramos. Como dice un amigo querido: Feliz domingo, porque para mí hoy es domingo. 

20 de Abril de 1999, la noche que la UNAM se paralizó...

 La Sexta Nota

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Ciudad de México / Todo comenzó con un centavo. Bueno, con veinte centavos. Así de bajo era el costo de la inscripción en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta antes de 1999. Veinte centavos por semestre. Una cantidad simbólica que, más que un pago, era un recordatorio de que la educación pública, aunque gratuita por mandato constitucional, exigía un acto de pertenencia.

El entonces rector Francisco Barnés de Castro, convencido de que la universidad necesitaba más recursos y empujado por los aires de la época el neoliberalismo de Zedillo, las recetas del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, decidió que había que poner orden en las finanzas. El 15 de marzo de 1999 presentó una reforma al Reglamento General de Pagos. El costo de la inscripción pasaría de veinte centavos a cien pesos anuales. Pero el verdadero golpe estaba en otro lado: la propuesta original contemplaba cuotas escalonadas basadas en salarios mínimos, que para bachillerato llegaban a 1,360 pesos y para licenciatura a 2,040. La noticia corrió como pólvora. En las facultades, en los pasillos, en las fotocopiadoras donde los estudiantes se enteraban de todo antes que nadie.

Lo que ocurrió después no lo esperaban ni los más optimistas. La llamada "generación X", a la que los medios y los analistas daban por perdida, apática, desinteresada, resultó ser todo lo contrario. El 23 de marzo comenzaron las asambleas en cada escuela. El 7 de abril, en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras que luego bautizarían como "Che Guevara", los estudiantes votaron a favor de la huelga.

No fue una decisión fácil. Los más veteranos recordaban la represión de 1968, los movimientos de 1986 y 1987, y sabían que esta vez el enemigo no era solo el rector, sino todo el aparato del Estado. Pero el hartazgo era mayor que el miedo. El 20 de abril de 1999, a las cero horas, estalló el paro. Se formó el Consejo General de Huelga, un órgano de dirección política con representantes de cada facultad, una estructura horizontal que intentaba evitar los vicios del liderazgo unipersonal que, según creían, habían hundido al movimiento de 1986. Las plenarias se realizaban de manera itinerante. Las decisiones se tomaban por consenso o por mayoría, con un reglamento interno que se fue construyendo sobre la marcha. Fue una escuela de democracia directa improvisada en medio de la guerra.

La huelga duró diez meses y quince días. En ese tiempo, la UNAM se convirtió en un campo de batalla simbólico. Los estudiantes ocuparon las instalaciones, resistieron los embates de los grupos de choque contratados por la rectoría, enfrentaron la campaña de desprestigio de los medios de comunicación que los acusaban de violentos, de externos, de estar manipulados por grupos de poder y mantuvieron viva la llama de la protesta con marchas masivas que cada vez reunían a más simpatizantes.

El 12 de noviembre de 1999, Barnés de Castro renunció. Juan Ramón de la Fuente asumió la rectoría con la promesa de resolver el conflicto. Ofreció amnistía, abrió mesas de diálogo, pero el CGH mantuvo su postura: primero la abrogación del reglamento, después se hablaría. El 6 de febrero del año 2000, la Policía Federal Preventiva, con autorización de un juez, irrumpió en Ciudad Universitaria. Cientos de estudiantes fueron detenidos. La UNAM volvió a clases en marzo. Pero los estudiantes ya habían ganado. El reglamento fue abrogado. La gratuidad se salvó.

Los estudiantes del 99 entendieron algo que los políticos profesionales no han logrado comprender: que la gratuidad no es un favor del Estado, sino un derecho conquistado. "No se trata de dinero", repetían una y otra vez en las asambleas. "Se trata de que atrás viene mi hermano, mi primo, mis hijos". No aceptaron el chantaje de decirles "tú ya no vas a pagar, pero los que vienen después sí". Supieron que la educación no es una mercancía, que no se puede arancelar el conocimiento, que el artículo tercero constitucional no es una sugerencia sino una obligación del Estado.

Enfrentaron al gobierno de Zedillo, a los medios de comunicación que los llamaban "porros", a los empresarios que veían en la privatización de la UNAM un negocio redondo, y a una rectoría que prefirió paralizar la universidad durante diez meses antes que derogar un reglamento que ella misma había aprobado. La lección que dejó la huelga es clara: cuando los estudiantes se organizan, cuando deciden tomar las calles y las aulas, cuando defienden su derecho a estudiar sin que el bolsillo de sus padres sea un filtro, pueden vencer al poder establecido. No fue una victoria completa el pase automático no se recuperó, el Congreso Universitario nunca se concretó, pero fue una victoria suficiente. La UNAM sigue siendo pública, laica y gratuita. Y eso, en un país donde la educación superior se ha convertido en un privilegio para unos cuantos, es un milagro que los estudiantes del 99 hicieron posible.

Aquella huelga no fue un capricho de jóvenes aburridos. Fue un acto de afirmación ideológica, una declaración de principios que hoy, a 27 años de distancia, sigue siendo incómoda para quienes quisieran que la UNAM se convirtiera en una empresa. Por eso el mural del Che Guevara, aquel que el artista y estudiante Fernando López pintó en la fachada del auditorio de Filosofía y Letras, no era una simple decoración. Era el corazón visual del movimiento.

En la obra, el Che sostiene una antorcha mientras el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México arde en llamas; así, Fernando representó el movimiento universitario en huelga como un momento de lucha, de libertad y de afirmación del territorio político. No era un símbolo decorativo, era una declaración de guerra contra el neoliberalismo, una reivindicación del socialismo como la única herramienta teórica y práctica que ha logrado frenar la privatización de la enseñanza en este país. Fue la materialización de la rebeldía, un recordatorio diario para los huelguistas y una provocación permanente para las autoridades.

Convertido en emblema de la huelga más importante de fin de siglo, condensó un momento que puso en jaque el proyecto neoliberal de privatización universitaria de Ernesto Zedillo y a quienes lo sostuvieron. Y es que el socialismo, que tanto espanta a la ultraderecha, no es solo una teoría económica; es, ante todo, una práctica de resistencia. El CGH lo entendió: su lucha no era solo por derogar un reglamento, era por defender el principio de que el conocimiento no se compra ni se vende, que el acceso a la universidad es un derecho de clase, no un privilegio de bolsillo. El mural era un espejo: mostraba lo que estaba en juego.

Hoy, esa memoria sigue viva. En el 2026, la lucha continúa. Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura llevan más de cien días en paro exigiendo salud mental y condiciones dignas. Los de la FES Cuautitlán paralizaron actividades tras el asesinato de su compañero Joel Ulises, y exigen botones de pánico, bardas perimetrales y seguridad. No son las mismas demandas que en 1999, pero el espíritu es el mismo: la defensa de la universidad pública como un espacio digno, seguro y gratuito. La lucha por la educación pública, científica y popular no ha terminado; solo ha cambiado de forma. Y mientras el neoliberalismo intente ponerle precio al saber, el socialismo seguirá siendo la única trinchera desde la cual defender el artículo tercero.

Por una democracia real: Solo el pueblo salva al pueblo.

Fernando Cajas.

El presidente Bernardo Arévalo no es un presidente democrático. No se le puede llamar democrático a quien, teniendo el poder, no actúa, no hace, no dirige. En todo lo que hace nos lo ha mostrado. Desde su primera confrontación con la fiscal general, la encarnación del mal, Arévalo optó por no enfrentarla y con ello no rescatar el Estado Democrático a cambio, hizo unos amagues de mala muerte. La invitó a una reunión del gabinete para que ella llegara y le tirara el pelo. Se fue. Claramente, el presidente tiene los medios para sacarla legalmente porque el Estado de Guatemala se organiza para defendernos a los guatemaltecos, no para sostener a una criminal en un puesto clave de la justicia guatemalteca.

Lo de Arévalo es otra decepción en nuestra lastimada vida política. Hemos vivido ciclos repetidos de esperanza truncada y decepción profunda. La Revolución de octubre de 1944 sigue siendo el momento más luminoso de nuestra historia republicana. Un levantamiento cívico-militar derrocó la dictadura de Jorge Ubico y abrió paso a elecciones libres, una Constitución progresista y diez años de reformas que buscaron democratizar el poder, expandir la educación y reducir las brechas sociales. La lección: Estudiantes, obreros, profesionales y militares jóvenes demostraron entonces que, cuando la sociedad se une más allá de sus diferencias, es posible romper la centralización autoritaria y poner las instituciones al servicio del pueblo. Ese es el camino. Eso significa que solamente el pueblo salva al pueblo.

Después vino la guerra y aquí quiero echar mano de un artículo que llegó a mis manos desde mi hermano: Gustavo Galindo. En su artículo Anatomía de la Cooptación: Cronología Estratégica del Poder y la Corrupción en Guatemala, Gustavo ilustra con rigor esta metamorfosis. En él explica que la transición del Conflicto Armado Interno a la “paz institucional” no eliminó las estructuras de exclusión; al contrario, las dotó de una sofisticada arquitectura legal. El Estado cooptado no es un accidente: es un sistema donde la captura de las instituciones es el objetivo primordial. Lo que antes se lograba mediante eliminación física, hoy opera a través de marcos normativos que convierten al Estado en un botín perpetuo.

Galindo identifica las causas históricas del desequilibrio: exclusión económica (concentración de la tierra), política (autoritarismo y debilidad institucional deliberada) y étnica (racismo y rechazo a la multiculturalidad). Hacia mediados de los 80, mientras el poder militar preparaba su salida formal, las élites iniciaron la “legalización” de su influencia, capturando espacios en la educación superior y gremios profesionales. Un caso central es la institucionalización del privilegio mediante la Constitución de 1985 y la Ley de Universidades Privadas donde capturaron a las universidades para su propio beneficio. Fue diseño, no casualidad.

Yo en repetidas ocasiones he denunciado esta captura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, donde la formación rigurosa y el rol popular de la universidad se ven desplazados por intereses políticos y clientelares ante la mirada indiferente del presidente Arévalo, que juega solamente un papel de monigote, así como su compañera Herrera que de vez en cuando saca un mensaje sin fuerza, vacío y sin efecto real alguno. Ni a él ni a ella, Arévalo y Herrera, les interesa realmente la Universidad Pública, o no la entienden.

Ante el momento que vivimos, abril 2026, propongo un camino realista para la defensa de la poca democracia que nos queda:

Primero: anclarnos en lo concreto y cotidiano. Los llamados abstractos generan desconfianza por nuestra memoria de violencia. Hablemos de reconstrucción democrática: combatir la extorsión que asfixia familias y negocios, reformar la educación (cerrando la brecha saber-hacer y desmantelando feudos, incluyendo el monopolio universitario que se ha convertido en el sistema de control de la justicia produciendo injusticia en carne y hueso. Urge garantizar justicia accesible, agua, salud y uso productivo de la tierra. Vuelvo y repito, como dicen en Panamá: Urge garantizar justicia accesible, agua, salud y uso productivo de la tierra.

Segundo: construir organización desde abajo. Los análisis son semilla, pero deben multiplicarse en talleres comunitarios, radio y redes locales. Se necesitan alianzas transversales entre intelectuales, movimientos indígenas, sectores medios, jóvenes y empresarios honestos, sin polarización estéril. Hay pequeños ejemplos: Acción por el Agua, APA, un movimiento universitario comunitario por la defensa del agua en el occidente de Guatemala donde don Juan Ortega ilumina el camino desde el mundo mam.

Tercero: preparar el terreno para momentos de crisis. Como en 1944 o en el paro de 2023, las movilizaciones surgen de indignación compartida. Debemos tener propuestas concretas listas para que la energía no se disipe en nuevos pactos de élites.

Cuarto: persistir con lenguaje claro. Hablemos de recuperación de la república, educación cívica masiva y acción colectiva. La creación de un verdadero sistema de educación pública superior es clave, un espacio universitario, así como institutos técnicos superiores y tecnológicos que construyan las capacidades de productividad que este país requiere. La persistencia es clave: seguir analizando, convocando y actuando pese a los retrocesos. Los académicos: Seguir escribiendo, escriban, escriban colegas de la USAC y de todas las universidades, ese es su trabajo, las palabras se las lleva el viento.

Guatemala no necesita otra revolución armada que repita errores del pasado. Necesita, como en 1944, una revolución cívica, educativa e institucional sostenida. Los Acuerdos de Paz fallaron porque no entregaron poder real a la mayoría; la cooptación descrita por Galindo muestra cómo se blindaron privilegios. Es hora de escuchar otras voces con ideas nuevas como las de Gustavo Galindo, Carolina Escobar Sarti, el Ciudadano Toriello, Sergio Vega, Roberto Wagner, Renzo Rosal, José Alfredo Calderón, Miguel Ahumada, entre otros, y las reflexiones aquí compartidas. No claudiquemos, no tenemos por qué resignarnos, más bien debemos unirnos en torno a una democracia real y pasar del saber al hacer colectivo.

El pueblo guatemalteco ha demostrado que puede levantarse con dignidad. La pregunta no es si escucharemos el llamado, sino si lograremos organizarnos para que esta vez el cambio sea profundo y duradero. Hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.

La novela de terror llamada Postuladora: Capítulo intermedio.

 Fernando Cajas.

Como en toda novela de terror, justo cuando el público cree que el monstruo ha sido derrotado, la cámara se acerca lentamente a la mano que se mueve entre las sombras. Así avanza esta postuladora. Parece que terminó, pero no termina sin hasta que termina. 

El viernes pasado, en mi columna “Una novela de terror llamada Postuladora”, advertí que la comisión se movía como una película de horror: lenta, inexorable, presionando al país para que el Ministerio Público siguiera en manos de los mismos corruptos de siempre. Este lunes 20 de abril, la postuladora entregó su nómina de seis perfiles al presidente Bernardo Arévalo. Y el Drácula de esta historia —Consuelo Porras— no aparece en la lista final… pero sus colmillos siguen brillando en la oscuridad.

Recordemos: como lo denuncié en “En el país de las formas” (25 de marzo), el proceso exige expedientes kilométricos, pruebas psicológicas, planes de trabajo, certificaciones interminables. Todo es forma. Pero cuando se trata de Porras, la forma se convierte en farsa. Obtuvo la nota más alta (92.33 puntos), ignorando el plagio de su doctorado, su persecución sistemática contra José Rubén Zamora, los líderes de los 48 Cantones y todo aquel que osa defender la democracia, así como su permanente protección a corruptos, especialmente a Giammattei y Martínez. Y, sin embargo, solo seis comisionados —decano de la Universidad Regional, decano de la Universidad de Occidente, la presidenta de la Corte Suprema, el decano de la Universidad de San Carlos y otros dos— le dieron sus votos una y otra vez. 

Seis votos fieles a la corrupción que deben quedar grabados en la memoria de los guatemaltecos honestos. Grabemos a esos seis corruptos como seis sirvientes del conde Drácula que no dejan morir a su amo. El resto de la comisión, afortunadamente, resistió. Porras quedó fuera. Pero el vampiro no muere tan fácil.

Ahora la novela entra en su clímax. La nómina de los seis es esta: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos (la única que entró en primera ronda con 13 votos), César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León. Algunos con calificaciones justas, otros incorporados tras rebajar la línea de corte. Ninguno es Porras, pero varios provienen del mismo ecosistema que ella ha cultivado durante ocho años: el de la impunidad disfrazada de legalidad.

Los escenarios son varios y con los pocos datos más que escenarios pueden ser especulaciones: 

Escenario 1: el presidente Arévalo, se arma de valor y escoge al perfil más limpio, más independiente, aquel que reconstruya el MP destruido por la captura. Sería el final feliz que Guatemala merece después de tanta injusticia si acaso nos sale uno de esos seis. 

Escenario 2: las presiones, las llamadas a medianoche, los amagos de los jefes de los decanos que defendieron a Porras, terminan inclinando la balanza hacia un perfil “seguro”, es decir, manejable. Entonces el Drácula no regresa, pero deja a su descendiente en el trono. El MP seguiría siendo el instrumento de persecución selectiva y protección a los intocables.

Escenario 3: el más perverso: los amparos que ya flotan como murciélagos en la noche. Hay amparos para obligar a incluir de nuevo a Porras en la nómina. Hay denuncias penales de la Fundaterror que, como siempre, buscan intimidar a los comisionados honestos. Cualquiera de estos amparos puede paralizar todo, devolvernos al punto de partida y prolongar la agonía. Como en “Entre elección y elección: De trampa en trampa” (6 de marzo), la trampa no termina nunca; solo se reinventa.

Escenario 4: empecemos de nuevo. El presidente Arévalo no acepta la lista e iniciamos de nuevo el proceso o los corruptos le exigen que acepte a uno. La antesala de la ingobernabilidad o nuestra revolución. 

Si el MP sigue capturado —aunque sea por un sucesor de Porras—, la captura del Estado será total. Las universidades, cooptadas como están, habrán cumplido su papel de fábrica de impunidad, como denuncié. Los pesos y contrapesos que los fundadores de toda república digna imaginaron se convertirán en meros adornos. Y Guatemala, tierra de autoritarismos prolongados, volverá a confirmar que la democracia aquí es solo una palabra bonita para encubrir el mismo viejo terror.

Presidente Arévalo: la pelota está en su cancha. Escoja con la cabeza y con la conciencia. No obedezca puntajes. Elija a quien reconstruya la justicia, no a quien la continúe enterrando. ¡Ah! y no espere a última hora como suele hacer. No escuche a sus asesores actuales, búsquese otros. Porque si falla, el Drácula de esta historia no habrá muerto. Solo habrá cambiado de ataúd, pero estará vivo. 

La crisis de las Escuelas de Derecho: la fábrica del subdesarrollo y la corrupción.

 Fernando Cajas.

En este país lastimado por la corrupción sistémica, las facultades de Derecho —pública y privadas— no son la excepción: son el epicentro del problema. No se trata solo de la Usac. La crisis es de las pseudo universidades guatemaltecas que han convertido la carrera de Derecho en una máquina de producir abogados y notarios a destajo, mientras el país se hunde en la ausencia de ingenieros, científicos, biólogos, matemáticos y físicos.

Como ya lo señalé en mi columna “Las Escuelas de Derecho” del 6 de junio de 2025, las facultades de Derecho de América Latina están repletas. Por cada cuatro estudiantes que eligen Derecho, apenas uno opta por ingeniería. Según datos del Centro de Justicia de las Américas, Guatemala ronda los 200 abogados y notarios por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmante que nos coloca entre los primeros lugares de la región, al mismo nivel que nuestra desnutrición crónica. Y eso sin contar que la eficiencia terminal en la Usac fue del 10% en 2020: de cada 100 que entran, solo 10 terminan en el tiempo previsto. El resto son estudiantes perpetuos. Un despilfarro económico y humano que nadie quiere reconocer.

La gente entra a Derecho buscando justicia, paz y una sociedad libre de temor y hambre. Pero las facultades de Derecho no les entregan eso. Les entregan el currículo oculto como dice Michael Apple: la trampa, la mentira, la violación de la ley como arte de sobrevivir. No lo escriben en los planes de estudio, pero lo enseñan con el ejemplo diario. Y el colmo es que los decanos de todas estas facultades se alinean para defender a los corruptos. Le dieron la mejor nota a Consuelo Porras. Apoyaron el fraude descarado de sacar a Villeda de la jugada. Y cuando una pseudo universidad como la Mariano Gálvez le otorga un título falso a la fiscal general, ningún decano de Derecho mueve un dedo. De hecho, valoraron su doctorado como si fuera genuino, legal y honesto. No lo es. ¡Ah, decanos de Derecho! 

No es casualidad. Las nuevas “universidades” de las últimas tres décadas nacieron con un objetivo perverso: controlar las Comisiones de Postulación para copar las altas cortes y el Ministerio Público. La Universidad de Occidente (esa extensión de la Francisco Marroquín en Quetzaltenango) es la principal culpable que tengamos a Consuelo Porras como fiscal. La Regional, del exrector Estuardo Gálvez, la Juan José Arévalo de Walter Mazariegos y otras más son fábricas de poder político barato. Sirven al narco poder, a las élites extractivistas y a los intereses que financian campañas, helicópteros y parrandas. Son el ejemplo perfecto de lo que no debe ser el Derecho ni la justicia.

Esta no es una crítica desde el desconocimiento. Hemos hecho enormes esfuerzos en mejorar programas de Derecho. En el campus de Quetzaltenango de la Usac (CUNOC), dirigí entre 2003 y 2005 la reforma curricular más profunda que ha tenido una facultad de Derecho en América Latina. Con fondos europeos de NUFFIC (Países Bajos), invertimos millones en formación docente, investigación y laboratorios jurídicos reales. Coordinado por el jurista Víctor Ferrigno, transformamos el programa para que fuera moderno, ético y basado en investigación científica. Demostramos que sí es posible formar abogados comprometidos con la justicia real, no con la trampa. Pero eso dura poco si no se le da seguimiento. 

Pero una sola reforma no basta. El problema es estructural y requiere medidas radicales.

Sin Derecho ético no hay justicia. Y sin justicia, no hay país. Es hora de una transformación profunda. El futuro de la justicia empieza por cambiar radicalmente las escuelas de Derecho. 

Una novela de terror llamada Postuladora.

 Fernando Cajas.

Como si fuera una novela de terror, una película de terror, una serie de terror, la postuladora avanza, empuja y presiona al país para que el Ministerio Público siga en manos de los corruptos.

En teoría, al final de la larga guerra civil guatemalteca, cuando todavía se contaban los 200,000 (doscientos mil) muertos, el modelo de incluir a las universidades en la elección de las altas cortes y del fiscal general parecía una buena idea. ¿Quién iba a imaginar que las universidades se prestarían al fraude?

Sin embargo, como sabían muy bien los fundadores de los Estados Unidos, ningún poder puede ser total. De ahí nacen los pesos y contrapesos que sostienen la democracia. Pero en Guatemala, tierra de autoritarismos prolongados, de represión y de corrupción endémica, las universidades terminaron convertidas en un actor politiquero al servicio del mejor postor. Hoy, ese mejor postor es el Pacto de Corruptos.

Eso se repite de postuladora en postuladora, de comisión en comisión. La captura total del Estado es evidente. El caso actual es la comisión que debe proponer al presidente Bernardo Arévalo seis candidatos para fiscal general. Como lo denuncié en mi columna del 24 de marzo de 2026 titulada: El país de las formas en La Hora, para aspirar al cargo los candidatos deben presentar un expediente que no tiene decenas, sino centenares de páginas: pruebas psicológicas, plan de trabajo, experiencia, documentos, certificaciones… un listado interminable.

Sin embargo, nada de eso parece importar cuando se trata de la actual fiscal general, heredada de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Llegó al cargo con trucos, mentiras y manipulaciones. Ha ejercido durante ocho años con los mismos métodos. Y, sin embargo, los comisionados —la crema y nata de las facultades de derecho de las universidades guatemaltecas— le otorgan excelentes puntajes. Televisan el proceso y, ante los ojos de todo el país, se hacen de la vista gorda ante el plagio comprobado de su doctorado. Ignoran que ha dedicado el Ministerio Público a perseguir a defensores de derechos humanos: Jose Rubén Zamora, periodista íntegro, y los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, acusados de terrorismo solo por defender la democracia, entre muchos otros. 

Los decanos de las facultades de Derecho de todo el país se dedican de oficio a defender a los peores perfiles y a atacar a los mejores, caso en punto evitar a toda costa que el ministro Villeda quede en la lista de seis. ¡Vaya decanos de facultades de Derecho!

Los decanos actúan con la misma técnica de la fiscal: defienden a los corruptos y destruyen a los honestos. Son la imagen y semejanza de ella. En esa batalla desigual surge, valiente y clara, la voz de la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, Patricia Gálvez. Mujer honesta, mujer entera, que conoce en carne propia lo que cuesta ser íntegro. Los decanos, desde sus cómodas facultades, defienden el fraude, el plagio, la mentira y el robo: todo lo que juraron combatir.

A veces pienso que estoy loco. Los corruptos han cooptado las instituciones que pagamos con nuestros impuestos. Controlan el sistema de justicia y lo defienden con uñas y dientes, cooptan universidades, incluyendo a la mismísima Universidad de San Carlos de Guatemala ante el silencio de la gran mayoría de docentes quienes temerosos de la cooptación no dicen ni pío. Eso es una locura. Afortunadamente las valientes acciones de la digna Patricia Gálvez me sugieren que yo no estoy loco. Que el mundo honesto existe y que la batalla persiste. 

Hoy, viernes 17 de abril de 2026, la comisión debe entregar la lista de seis nombres. Presidente Bernardo Arévalo: el verbo “escoger” significa elegir, no obedecer el puntaje más alto. No escoja al que quiere el Pacto de Corruptos y su hija putativa, la Alianza Criminal. Escoja a la mejor persona para Guatemala. Ármese de valor. Deje un fiscal que reconstruya el sistema de justicia y la democracia que han dejado en ruinas.

El futuro de las universidades: Parte 1, la irrupción tecnológica.

 Fernando Cajas.

Estamos acostumbrados a creer que las universidades son las únicas instituciones capaces de formar profesionales. Médicos, ingenieros, abogados, economistas, agrónomos y tantas otras carreras surgieron en los siglos XIX y XX como producto de los Estados-nación que necesitaban bases legales, técnicas y científicas sólidas. Durante décadas hemos visto a las universidades guatemaltecas —especialmente a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)— cumplir ese rol. Tanto tiempo ha pasado que asumimos que esa es su única función y que así será para siempre. No es así.

Perdidos en nuestra crisis “chapina”, donde la politización extrema ha convertido a la universidad pública en un botín para elegir altas cortes y mantener privilegios, los guatemaltecos hemos dejado de lado la discusión profunda sobre los límites y el verdadero potencial de nuestras universidades. Mientras las autoridades —rectores, decanos y consejos universitarios— se pierden en disputas de poder, el mundo avanza en una revolución tecnológica mucho más disruptiva que la Revolución Industrial. La Inteligencia Artificial (IA), la robótica, la automatización, la mecatrónica y la impresión 3D no solo sustituyen tareas de artesanos o técnicos; están irrumpiendo en el corazón mismo de las profesiones universitarias.

Al observar conflictos internacionales donde drones de bajo costo producidos en masa compiten con sistemas de altísima tecnología, o al ver cómo la IA puede analizar miles de tomografías para apoyar diagnósticos médicos, surge la pregunta inevitable: ¿en qué universidades se forman realmente estos ingenieros y especialistas? ¿Están nuestras aulas preparando a los profesionales para este nuevo mundo o solo prolongando carreras de 10 o más años que podrían volverse obsoletas?

Recordemos que las universidades modernas crearon una separación artificial entre ciencia/tecnología y las artesanías. Formamos abogados, médicos e ingenieros, pero no carpinteros, plomeros ni técnicos altamente capacitados en oficios que siguen siendo esenciales. Esa distinción filosófica hoy se vuelve peligrosa. La IA no solo amenaza tareas rutinarias de profesionales; obliga a repensar qué significa ser “profesional” en el siglo XXI.

Las preguntas urgentes son las mismas que nos hemos hecho desde la experiencia real en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc), el campus de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango: ¿Deben las profesiones universitarias abrazar las nuevas tecnologías para volverse más pertinentes y sostenibles? ¿Es razonable que un hospital compre robots para distribuir medicamentos mientras los médicos siguen formándose sin conocer herramientas de modelado 3D? ¿Deben los futuros abogados, notarios, estudiar años para resolver asuntos que una IA o una plataforma web pueden atender de forma más eficiente? ¿Tiene sentido invertir 5, 10 o 15 años en una licenciatura —como ocurre en Derecho con sus múltiples títulos— si gran parte de ese conocimiento puede automatizarse?

Desde mi práctica como creador de programas técnicos en el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, como exdirector del Cunoc y como impulsor de proyectos conjuntos con universidades internacionales, he visto que la innovación ya está ocurriendo en algunos espacios. En Ingeniería del Cunoc, Quetzaltenango, los investigadores científicos Karin Rivas y Oscar Maldonado, por ejemplo, entrenan una IA para leer tomografías del Hospital Regional de Occidente y se imprimen modelos anatómicos en 3D para que los cirujanos practiquen. La colaboración en prótesis con impresión 3D ha roto barreras disciplinarias y ha generado retos éticos profundos que deben formar parte de la educación de ingenieros, médicos y técnicos por igual.

Estas experiencias demuestran que las universidades no son entes inmutables. Son creaciones humanas. Podemos —y debemos— rediseñarlas.

Ahora que escogemos rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala debemos repensar el papel de las universidades guatemaltecas y elegir rectores con capacidades de liderazgo académico, gente con experiencia en administración de instituciones de producción de conocimiento científico, tecnológico y humanístico, gente honesta, gente con una visión de país no polarizada. El futuro de nuestra juventud está en manos de estos rectores que pueden cambiar el rumbo de instituciones, como el ingeniero Héctor Centeno cambió el rumbo de la Universidad del Valle de Guatemala en los años 90 del siglo pasado y la replanteó como una institución de alta calidad académica, despolitizada para producir conocimiento científico y tecnológico, así como programas pertinentes de educación superior. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala y sus estudiantes merecen un mejor futuro. La Usac, nuestra Usac, no tiene por qué estar atrapada entre las manos sucias de corruptos, de ladrones, de mentirosos ni de manipuladores.