El agua: Sus realidades (Parte 1).

 Fernando Cajas.

A pesar de su aparente abundancia, Guatemala vive ya una crisis del agua. En amplias zonas urbanas de la ciudad de Guatemala, el servicio de agua potable se recibe únicamente unas pocas horas por semana. Este problema no se limita a la capital; también se manifiesta en ciudades como Quetzaltenango, donde existen sectores que no cuentan con abastecimiento continuo.

Esta realidad cotidiana contrasta con las cifras oficiales que describen a Guatemala como un país con abundantes recursos hídricos. El balance hídrico nacional reporta aproximadamente 110 mil millones de metros cúbicos de agua y una disponibilidad per cápita cercana a los 7 mil metros cúbicos por persona al año, es decir, unos 6 metros cúbicos diarios. Una cantidad que, en la práctica, ningún hogar guatemalteco utiliza ni recibe.

Este contraste revela una verdad incómoda: El problema del agua en Guatemala no es su existencia, sino su gestión, un problema fundamental de política pública.

Aunque somos un país que «produce» agua, ya enfrentamos serios problemas de cantidad debido a una administración ineficiente del recurso. Pero aún más grave es el problema de la calidad del agua. La mayoría de los ríos del país han sido convertidos en drenajes y basureros, tanto por comunidades urbanas como rurales. En consecuencia, Guatemala no solo enfrenta una crisis de acceso, sino una crisis profunda de contaminación hídrica que refleja nuestro abuso para con el planeta y nuestra indiferencia para resolverlo.

La disponibilidad per cápita de agua tampoco se distribuye de manera equitativa. Como ocurre en muchos países, el mayor consumo de agua se concentra en la agricultura, que utiliza aproximadamente el 70% del recurso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La industria consume alrededor del 20%, mientras que apenas un 10% se destina al uso doméstico. Esta distribución plantea interrogantes fundamentales sobre prioridades, eficiencia y equidad en el uso del agua.

El problema central del agua en Guatemala es, entonces, la ausencia de una gestión integral y de un marco legal adecuado. Un 25% de los hogares del país no cuenta con agua entubada, y cerca de la mitad de la población reporta dificultades de acceso al recurso. Esto ocurre incluso en territorios donde el agua se produce de forma natural. A ello se suma la precariedad o inexistencia de infraestructura de distribución y el casi nulo tratamiento del agua para consumo humano.

Todo este escenario desemboca en una carencia estructural: Guatemala no cuenta con una ley nacional de aguas.

Durante el presente gobierno, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impulsó el denominado Proceso Nacional del Agua, que culminó en 2025 con la elaboración de un borrador de Ley de Aguas. Este documento fue trabajado durante el primer semestre del año y sometido posteriormente a una consulta genérica en la que participaron diversos sectores.

Desde la academia, participé en este proceso a través del Instituto de Investigaciones de Ingeniería del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aportando investigaciones relevantes como estudios hidrogeológicos, análisis de inundaciones y trabajos sobre gestión de recursos hídricos de mis colegas investigadores y míos. Así mismo, participé desde el colectivo comunitario Acción por el Agua (APA), integrado por pobladores urbanos de Quetzaltenango y comunidades rurales de San Juan Ostuncalco (pueblo Mam) y San Juan Olintepeque (pueblo K’iche’), desde donde presentamos observaciones, propuestas de mejora y objeciones al borrador de la ley.

Actualmente, estamos a la espera de una versión revisada de dicha iniciativa.

El formato conocido de la Ley de Aguas contiene avances importantes, pero también presenta debilidades estructurales profundas. Entre las más relevantes destacan tres. Primero, la creación de una autoridad nacional del agua bajo la figura de una “superintendencia” integrada por ministerios históricamente inoperantes, junto a la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuyos alcaldes han mostrado, en muchos casos, un claro desinterés por la gestión hídrica local. Esta estructura carece de representación real del país y excluye a los centros de investigación académica que conocen científica y técnicamente el recurso.

Segundo, la inclusión de concesiones de hasta 50 años a entidades privadas, sin una explicación técnica ni social que justifique plazos tan extensos para un recurso estratégico y vital. Y tercero, la incorporación del Insivumeh como actor central, institución que no cuenta con las capacidades científicas ni tecnológicas necesarias para abordar la complejidad integral del agua, más allá de su rol meteorológico.

Nos encontramos, así, en un impase. Se desconoce el estado actual de la revisión de la Ley de Aguas por parte del MARN, mientras los problemas de acceso y calidad del agua continúan agravándose.

Este pasado 20 de enero, Naciones Unidas presentó su informe La Bancarrota Global del Agua, un documento que advierte sobre un escenario crítico a nivel mundial. Al contrastar sus indicadores con la realidad guatemalteca, resulta difícil no concluir que ese futuro apocalíptico anunciado ya se vive, en buena medida, en nuestro país.

Ese será el tema de mi próximo artículo.

Líderes sin conciencia: El peligro de los psicópatas en el poder.

 Fernando Cajas.

En un mundo cada vez más interconectado, donde las decisiones de un líder pueden diluirse a través de continentes, la presencia de personalidades psicopáticas en posiciones de autoridad representa una amenaza existencial para las naciones y las instituciones. Estos individuos, caracterizados por un maquiavelismo extremo, trastornos narcisistas y una ausencia total de empatía y conciencia moral —verdaderos vacíos emocionales disfrazados de seres humanos—, arrastran a sus países hacia abismos de caos y desigualdad. 

En Guatemala, hemos vivido esto de cerca con el legado del expresidente Alejandro Giammattei y a su defensora al frente del Ministerio Público o al mismo usurpador de la rectoría de la USAC, y ahora, en Estados Unidos, la reemergencia de la Doctrina Trump ilustra cómo estos patrones se repiten a escala global. Es imperativo analizar el ciclo vital de tales líderes: su ascenso, dominio y, eventualmente, su declive, para fomentar un despertar colectivo que los detenga.

La Doctrina Trump, tal como la describe Roberto Wagner, debe interpretarse como un fenómeno sociopolítico enmarcado en la Teoría del Corredor Norte propuesta por Velina Tchakarova. Esta teoría postula que el comercio, el territorio y los recursos naturales se entrelazan en un único campo de batalla estratégico. 

Históricamente, Estados Unidos ha reclamado influencia sobre regiones clave, como fue su insistencia durante la Segunda Guerra Mundial en que Groenlandia formara parte de su hemisferio occidental para fines defensivos. Sin embargo, lo novedoso y alarmante en la era Trump es el tono de arrogancia absoluta y desprecio por la soberanía ajena. Ejemplos abundan: referirse a Canadá como el «Estado 51» de Estados Unidos, reclamar el petróleo venezolano como propio o tratar el Canal de Panamá como una extensión de su territorio. Esta narrativa no solo erosiona el respeto internacional, sino que acelera el desmantelamiento del orden posguerra, como lo advirtió Mark Carney en su memorable intervención en Davos, un discurso que todos los lideres deben escuchar, estudiar y seguir.

Aunque estas maniobras podrían basarse en inteligencia estratégica y planes a largo plazo —como explica Tchakarova al vincular la obsesión por Groenlandia con recursos árticos y especialmente como un corredor militar estratégico para Estados Unidos—, los riesgos son inmensos para la estabilidad mundial. Estamos presenciando el colapso de estructuras internacionales, agravado por crisis internas como la migración masiva los Estados Unidos, que ha llevado a un estado cada vez más militarizado, evidente en disturbios como los de Minnesota. Paralelamente, en un eco inquietante de lo ocurrido en Guatemala, se observan procesos judiciales fabricados contra opositores políticos, lo que socava la democracia. Lo más preocupante es la aparente irracionalidad narcisista de líderes como Trump, cuyas ambiciones parecen ilimitadas, sin freno ético alguno.

Frente a esta manipulación, ejemplos de resistencia inspiran. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha demostrado cómo un país mediano puede confrontar abusos mediante una estrategia clara:

Establecer límites firmes.

Decir «no» con convicción.

Enfocarse en las fortalezas nacionales y capacidades regionales.

No ceder ante demandas irracionales.

Mantener la calma en medio de la provocación.

Demostrar capacidades reales para disuadir.

Esta aproximación debería guiar a naciones medianas y, especialmente, a las pequeñas. En Mesoamérica —desde México hasta Panamá— urge una unión estratégica para contrarrestar presiones externas. Más allá, toda Latinoamérica, actualmente fragmentada, debe articularse colectivamente para enfrentar a quienes buscan dominarnos mediante coerción y engaño.

Ha llegado el momento de desmantelar el control de estos psicópatas: manipuladores incansables y narcisistas que han capturado instituciones en Guatemala y Estados Unidos por igual. Que el pueblo estadounidense, al igual que el guatemalteco, despierte de este prolongado letargo y reclame un liderazgo con alma, empatía y visión compartida. Solo así podremos reconstruir un mundo donde el poder sirva al bien común, no al ego destructivo de unos pocos.

Discursos de los nuevos arreglos mundiales.

 Fernando Cajas.

Mientras el presidente francés Emmanuel Macron eleva su voz contra las amenazas arancelarias de Estados Unidos por su obsesión renovada con anexar Groenlandia, América Latina sigue muda, ciega e incapaz de coordinarse. El líder francés clama por una integración europea más fuerte y económica, frente a un mundo que no estaba listo para otro líder manipulador con poder global, como no lo estuvimos con Hitler y sus delirios de superioridad racial.

En el mismo foro de Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney describe con crudeza la ruptura del orden geopolítico tradicional. Según Carney, este orden ha llegado a su fin, y lo dice sin rodeos: «Durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en normas. Nos unimos a sus instituciones, alabamos sus principios y nos beneficiamos de su previsibilidad. Podíamos impulsar políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera».

Este discurso del primer ministro canadiense expone con frialdad los arreglos mundiales que nunca cerraron las brechas entre desarrollo y subdesarrollo, entre riqueza y pobreza. Ahora, con el cinismo apoderándose del poder, y el presidente estadounidense reclamando para sí Canadá como el «estado 51», Groenlandia, Venezuela y hasta el Canal de Panamá, debemos entender que no es un juego: sus sueños imperiales son reales y peligrosos.

Según el analista Roberto Wagner, en su columna «La doctrina Trump» publicada en Prensa Libre, esta doctrina es una renovación agresiva de la Doctrina Monroe, y no solo un capricho presidencial. Wagner explica los movimientos de Estados Unidos desde la teoría del Corredor del Norte: «La doctrina Trump no se trata únicamente de obtener recursos, sino de ejercer un poder total sobre el hemisferio occidental sin competencia». ¿Para qué?

Si Estados Unidos anexa Groenlandia, podría aislar a Rusia en el Ártico, controlando rutas marítimas clave como la brecha Groenlandia-Islandia-Reino Unido, que es vital para detectar submarinos rusos y contrarrestar influencias chinas en la región. Esto aumentaría la dependencia de Canadá y construiría un corredor norte hacia Europa, violando normas internacionales e invadiendo países como ha intentado con Venezuela y amenaza con Panamá.

Mientras Europa se reorganiza para enfrentar este nuevo orden y Canadá se posiciona como una potencia media y superpotencia energética –con vastas reservas de minerales críticos como litio y níquel, y la población más educada del mundo, según Carney–, declarando que no cederá ante los chantajes de Trump, nosotros en el sur permanecemos en silencio. De México a Argentina, América Latina no reacciona, simulando que todo está bien cuando no lo está. En Centroamérica, el Parlamento Centroamericano es poco más que una cueva de ineficiencias, sin utilidad real en este mundo cambiante. El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) es un órgano olvidado por muchos.

Esto llama por un despertar latinoamericano, y debe empezar con México liderando la Unión de Repúblicas de Mesoamérica: un bloque de naciones libres desde México hasta Panamá, con mecanismos concretos como tratados comerciales unificados, una moneda regional para transacciones internas, y una fuerza diplomática conjunta ante amenazas externas. Inspirados en modelos como la Unión Europea, pero adaptados a nuestra realidad –con inversiones en infraestructura compartida, como un corredor ferroviario mesoamericano y fondos para educación y tecnología–, podemos construir resiliencia.

Es el momento de unirnos como latinoamericanos, como mesoamericanos. Nuestros líderes no pueden seguir mudos y nosotros menos. Urge replantear la organización regional de Mesoamérica con pasos inmediatos: convocar una cumbre en algún lugar de Mesoamérica para definir nuestro futuro y presionar al Parlatino para reformas. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.

La obscuridad política de la ultraderecha tecnológica.

 Jorge Mario Rodríguez

enero 12, 2026 - Actualizado enero 12, 2026

La reciente captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro ha generado una preocupación inmensa, no solo por el ejercicio desnudo de la fuerza militar, sino también porque el gobierno norteamericano no ha ocultado los intereses que han motivado dicha intervención. La estupefacción se intensifica cuando dicha acción ha servido para anunciar el deseo de continuar transgrediendo ciertos mínimos de racionalidad geopolítica —como sucede en el caso de Groenlandia.

Se constata, una vez más, que esta época se caracteriza por el retorno del descaro político. Y es que, aun con la conciencia de los severos retrocesos que pueden marcar la historia, resulta muy difícil aceptar el descaro y la arrogancia de los poderes fácticos del presente. La pregunta se impone por sí misma: ¿Por qué vivimos una época de retorno de las aberraciones políticas?

Existe una pluralidad de factores explicativos que, desde luego, se alejan de las soluciones simplistas tan del gusto de los movimientos ultraderechistas del presente. Con todo, no es difícil distinguir las influencias subterráneas de la ideología neoliberal que se gestó en una globalización en la que los poderes económicos ya no podían ser controlados por un Estado sometido a un desmantelamiento atroz. Desde luego, sigue presente la tarea de desorientación política propia de esta corriente, que aún tiene —especialmente en nuestro país— seguidores nostálgicos que renunciaron a pensar hace mucho tiempo.

Desde mi punto de vista, el carácter obsceno de la deriva ultraderechista actual se vincula con la pérdida de la capacidad de pensar que afecta a las sociedades contemporáneas. Esta estupidización de nuestras colectividades ha sido aprovechada por los intereses tecnológicos que quieren seguir en su paraíso desregulado. Las personas que antes hubiesen protestado por las circunstancias insoportables del presente se encuentran embobadas ante “contenidos” irrelevantes que solo contribuyen a extinguir la capacidad de pensar. Este tipo de dominio roba la fuerza interna—por ejemplo, la capacidad de prestar atención crítica a lo que acontece a nuestro alrededor— que hace posible indignarse ante lo que pasa en el mundo y, especialmente, ante lo que pasa con nosotros mismos. Autores como Byung-Chul Han han manifestado este tipo de alienación tecnológica, que extrae la sustancia de la vida y nos hace vivir en jaulas, en las que experimentamos una libertad ilusoria.

En este contexto, ocurre un fenómeno que ya no puede ser ignorado. Nuestra vida común se encarrila dentro de las plataformas que, al final, sirven a los dictados de una élite tecnológica cuyo desdén por la democracia no se ha mantenido en secreto. Desde hace tiempo, se ha hecho patente que la derecha extrema internacional se vale de un pensamiento libertario extremo, alérgico a cualquier regulación democrática, que dirige las acciones políticas de Silicon Valley.

Los depositarios de este poder son poco menos que alucinantes. El mundo tuvo la oportunidad de contemplar cómo Elon Musk hizo un saludo nazi en la inauguración del segundo período presidencial de Donald Trump. Este personaje se ha tornado en un enemigo de lo que él denomina el virus woke, que, para él, significa toda propuesta que tenga un atisbo de justicia social. Por su parte, Peter Thiel, creador de PayPal, ha seguido corrientes doctrinales tan oscuras, en las que se promueve el regreso al oscurantismo —alguien ya lo ha bautizado como “el caballero de la ilustración oscura”, debido a su afición por las ideas del indescriptible extremista Mencius Moldbug. Alexander Karp, mediocre filósofo que quiso estudiar filosofía con Jürgen Habermas, se ha involucrado en un proyecto de control de la ciudadanía bajo la bandera de la empresa Palantir, esfuerzo en el que aparece el ya mencionado Thiel. Esta empresa desarrolla un sistema inmenso de gestión de datos vinculado a la vigilancia de la ciudadanía, como lo evidencia su asociación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).  

Una conclusión es poco menos que obvia: las fuerzas políticas progresistas deben abordar con seriedad la tarea de escapar del control que la ultraderecha tecnológica ejerce sobre las sociedades actuales. Y es que la emancipación de los poderes fácticos que han llevado a una situación tan crítica como la actual no puede realizarse en un espacio controlado por sus representantes, especialmente cuando estos desprecian la democracia y los derechos humanos.

Es necesario que los sectores que buscan la democratización logren educar para desestructurar la alienación tecnológica. Las sociedades actuales y los gobiernos democráticos que aún bregan en estos tiempos deben luchar por escapar de la opresión tecnológica. En este sentido, ya es hora de escapar de esa adoración acrítica a la innovación que predomina en el sentir popular sobre la tecnología e influye incluso en muchos gobiernos. Es hora de recuperar, mediante la concientización sobre los cambios experimentados en las últimas décadas, el control de los espacios en los que construimos el mundo.

La perpetua crisis de la Usac: Parte 1.

 Fernando Cajas.

La crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac, no es un problema aislado de esa institución. Es el síntoma de un sistema de educación superior que, aunque no se nombra como tal, ha sido armado a capricho de intereses oscuros, ignorando las verdaderas misiones de la universidad en Guatemala. Ahora, en enero de 2026, con el plazo para elegir un nuevo rector agotándose y el Consejo Superior Universitario (CSU) en pleno desacato a la Corte de Constitucionalidad (CC), la Usac se hunde en un abismo que amenaza no solo su autonomía, sino la democracia misma del país.

La Constitución de la República asigna a las universidades el desarrollo de la educación superior para formar profesionales, impulsar la investigación científica, difundir la cultura y resolver problemas nacionales (artículos 82 al 90). Distingue entre públicas y privadas, pero esta división es un chiste en nuestro pseudosistema, donde el Estado financia a ambas, priorizando a la única universidad nacional: la Usac. Este «sistema» ha creado un monopolio de la educación pública superior, lo que ha convertido a la Usac en un botín político, expuesta a manipulaciones que ninguna institución académica debería sufrir.

Desde su fundación en 1944 —no en 1676, como algunos insisten en romantizar—, la Usac surgió como un bastión autónomo, parte de un movimiento latinoamericano contra el intervencionismo de dictadores. Nació de una revolución popular, convirtiéndose en una entidad revolucionaria en crisis perpetua. Primero, su rol en la contrarrevolución le costó más de 30 años de persecución. Según informes internos de la Usac y datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la guerra civil dejó cientos de profesores y estudiantes asesinados, desaparecidos o exiliados por la represión de la derecha extrema entre 1960 y 1990. En esos tiempos, la Usac era vista como un faro de izquierda, aliada de las causas populares.

Pero toda esa historia de lucha, esa garra indomable de la Universidad Nacional, ha sido mancillada, escupida y pisoteada por lo que ocurre desde la usurpación de la rectoría en 2022. Sí, ya sé que algunos dirán que la crisis arrancó con la inclusión de la Usac en las Comisiones de Postulación desde 1990, y la sucesión de rectores más metidos en politiquería que en academia. Pero nunca habíamos visto una elección tan fraudulenta y un rector tan descarado como Walter Mazariegos, sin un ápice de mérito académico, científico o tecnológico.

La inclusión de las universidades en esas comisiones, con la ilusión ingenua de que aportarían equilibrio académico a un proceso político, fue un error fatal. Todas perdieron, pero la Usac fue la más golpeada, cargando con el peso de elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fiscal general, TSE, contralor y más. Estos puestos son pilares de la democracia guatemalteca, pero en manos universitarias se volvieron mercancía barata: favores políticos y transacciones sucias en un sistema de elecciones de segundo grado que colapsó hace rato.

En noviembre de 2025, la Misión Especial de la OEA exigió a la Usac regularizar el CSU de inmediato, clave para elecciones transparentes en 2026. Pero nada. El CSU, dominado por representantes caducos que respaldan a Mazariegos, ignora órdenes judiciales. La CC ya ordenó realizar elecciones internas, pero el CSU actúa como si estuviera por encima de la ley. Esto empezó con la fuerza bruta que impidió el voto a simpatizantes de SOS, que proponían a Jordán Rodas como rector.

Desde que Mazariegos tomó el control, han cambiado reglamentos a su antojo, persiguiendo a profesores disidentes y extinguiendo el pensamiento crítico en la universidad pública. Llegaron al colmo de reglamentar, en el Punto Séptimo del Acta 7.2 No. 05-2025 del CSU (12 de marzo de 2025), que no contratarán a profesores con casos judiciales contra la Usac. Y peor: si un abogado defiende a un trabajador en tales casos, tampoco lo contratan. ¡Vaya dictadura disfrazada de autonomía!

El fondo del problema es el diseño constitucional defectuoso: asignar roles políticos a entidades académicas. Y el otro: el monopolio de la educación superior pública, con una sola universidad estatal. Esto fue común en Latinoamérica, pero países vecinos lo superaron creando instituciones especializadas.

Para ilustrar, veamos una comparación sencilla:

País	Universidades Públicas (2026)	Modelo de Gobernanza	Resultados Clave
Guatemala	1 (USAC)	Monopolio con rol político constitucional	Crisis perpetua, cooptación y desacato judicial
Panamá	5 (UP, UTP, UNACHI, UDELAS, UMIP)	Especializadas por región y tema (tecnológica, marítima)	Mayor cobertura, innovación y descentralización
Costa Rica	5 (UCR, UNA, UNED, TEC, UTN)	CONARE para coordinación y distribución equitativa del FEES	Gobernanza excelente, equidad y alto impacto académico

 

En Panamá, partieron de una sola en 1981 y ahora tienen cinco focalizadas. Costa Rica, con su Conare (Consejo Nacional de Rectores), asegura rendición de cuentas y presupuestos transparentes —un modelo que Guatemala debería copiar ya.

La crisis de la Usac es de diseño puro. Se resuelve rediseñando un sistema nacional de educación superior: crear nuevas universidades públicas diferenciadas (tecnológicas, regionales, de ciencias sociales) que rindan cuentas del presupuesto estatal. Sacar a las universidades de las comisiones de postulación, inspirándonos en México, donde reformas recientes priorizan meritocracia ciudadana sobre instituciones cooptadas. Detallemos: una ley específica para elecciones de segundo grado con supervisión social independiente, paneles mixtos (academia limitada, sociedad civil ampliada) y plazos estrictos para evitar manipulaciones.

Presidente, vicepresidenta, ministra de Educación: ¿Seguirán sordos ante este desastre de gobernanza? Diputados: ¿Seguirán indiferentes a la corrupción en las comisiones que usan universidades como marionetas? Colegios profesionales: ¿Seguirán ciegos ante el uso ilegal de instituciones para elecciones de segundo grado? Profesores universitarios: ¿Seguirán en silencio? Propongamos alternativas ya, como México nos mostró.

Es hora de cambiar cómo hacemos elecciones de segundo grado en Guatemala y liberar a las universidades de este lodazal politiquero. Zapatero a tus zapatos: que las universidades vuelvan a la academia, la investigación y la solución de problemas nacionales. Busquemos formas que no beneficien solo a corruptos. Cambiemos esto ahora, porque si no es ahora, no será nunca.

Prospectiva fantasiosa para el 2050.

 Fernando Cajas.

Un visitante del futuro, yo, que luego de su visita quisiera regresar al presente, tendría que vencer al menos dos leyes de la física: la Ley de la Causalidad y la Segunda Ley de la Termodinámica. La primera es que cada causa produce un efecto, aunque es una ley compleja porque hay que interpretarla en términos de múltiples causas y múltiples efectos que temporalmente se separan: la causa es primero, el efecto es después. Junto a eso, viajar al futuro y regresar viola el hecho de que el desorden (entropía) del universo siempre aumenta (Segunda Ley de la Termodinámica). Para regresar tendríamos que ordenar al universo naturalmente, lo cual es imposible.

La única luz de esperanza es que la teoría de la relatividad, en el sentido de la dilatación del tiempo según Einstein, sí me permite viajar al futuro. Según esa teoría, la cual ha sido demostrada, cuando un objeto se mueve rápidamente, con velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo pasa más lento para quien se mueve, así que uno podría «saltar» al futuro. Ese personaje que salta al futuro seré yo momentáneamente en esta narrativa fantasiosa.

Para el 2050, en este futuro pesimista que imagino donde las tasas no caen lo suficiente por falta de políticas efectivas, la población mundial será de unos 9,700 millones de personas. Guatemala tendrá unos 30 millones de habitantes si nos mantenemos en la tasa de crecimiento actual.

Lo primero que resalta en este viaje fantasioso al 2050 es el incremento de la temperatura: hemos sobrepasado los 2 grados centígrados, y ya estamos cerca de los 2.5 grados de incremento a nivel mundial. Es apenas el mes de enero de 2050 y la temperatura parece la de abril, templada, con un aire seco que evoca el desorden entrópico que tanto temía en mis reflexiones pasadas. El agua contaminada del lago de Amatitlán se ha evaporado en su mayoría y aunque quedan unos humedales, el otrora lago ahora es una zona residencial popular, con edificios altos alimentados de energía solar. Perdimos totalmente al lago.

Para el 2050, el incremento de temperatura a nivel mundial ha producido sequías más intensas en el mundo y en Guatemala. El corredor seco ya es un desierto en formación, en parte porque las emisiones de dióxido de carbono de las grandes potencias no se lograron reducir de forma significativa. El Estado de los Altos pudo negociar con México el cuidado de las zonas de recarga hídrica del río Usumacinta, que, aunque redujo su caudal, los cuidados binacionales de las montañas del Quiché lograron disminuir los efectos negativos del cambio climático en la frontera sur mexicana.

Mientras tomo un avión hacia el aeropuerto internacional del actual Estado de los Altos, una zona independiente de Guatemala, pero integrada a la Unión Mesoamericana de Repúblicas, con una escala en Sololá, me doy cuenta de que ahora el lago Atitlán ya no tiene aquel hermoso color azul que lo caracterizaba, sino que ha tomado un color verdoso propio de la cianobacteria que lo ha atrapado ante la negativa de gobiernos, habitantes, turistas y empresarios hoteleros que avanzaron muy poco en el tratamiento de sus desechos. El olor a algas muertas reemplaza el aroma fresco de antaño, un recordatorio sensorial de cómo el cambio climático acelera la entropía. Aunque ahora ya no tiran al lago sus residuos, al lago le está costando regenerarse porque el Cambio Climático hace que en este enero del 2050 la temperatura a las 6 de la mañana sea de 14 grados mientras que en el 2025 era de 11 centígrados.

En el 2050, la Unión Mesoamericana de Repúblicas tiene funcionando un sistema de producción integrado de energía hidráulica, solar, eólica y nuclear. Cada una de las repúblicas mesoamericanas ha desarrollado institutos de investigación que se especializan en diferentes áreas de interés desde la República de Panamá hasta la República de los Altos, de tal forma que este istmo es relativamente autosostenible.

Un instituto en los Altos, por ejemplo, investiga reversiones entrópicas a escala micro, un gesto ficticio a la física que sueña con ordenar lo desordenado, aunque sepamos que el universo no lo permite. Otro instituto en Panamá, otrora el Instituto Smithsonian, ahora el Instituto llamado José de Jesús Martínez, amigo filósofo del presidente Omar Torrijos, estudia la adaptación de manglares al incremento de temperatura y su uso en el tratamiento de aguas en las zonas altas de Mesoamérica.

Las noticias en el Norte no son alentadoras. Se sabe que el otrora Estados Unidos ha sido invadido por China, una potencia nuclear mundial. La Unión Europea del Siglo XX ha decaído para darle espacio a nuevos grupos de poder que se integran por nuevas repúblicas del sur, incluyendo África, aunque las guerras por el agua son el pan de cada día.

Antes de regresar al 2025, quise preguntar a los habitantes de las zonas donde estaba el otrora lago de Amatitlán y el lastimado lago de Atitlán si recordaban algunos gobiernos de Guatemala, que ahora colinda con la República de los Altos, a la que no pertenece Atitlán. Fui específico y pregunté si recordaban al gobierno de Bernardo Arévalo y no lo recordaban. Pero varios habitantes del 2050 de esa zona me dijeron que habían leído sobre el gobierno de Juan José Arévalo. Uno me miró perplejo: «¿Bernardo quién?», pero una anciana sonrió: «Ah, como el de Juan José, el que soñó con reformas». Lo que me dio alegría porque me dije a mí mismo: «Estos pueblos tienen memoria histórica». Ya es hora de regresar a diciembre del 2025. 

El subdesarrollo nuestro y la democracia falsa.

 Fernando Cajas.

Los datos de inversión en ciencia y tecnología en Guatemala son simplemente desgarradores: el país invierte apenas el 0.03% del PIB, la cifra más baja de toda América Latina. Este dato, por sí solo, explica buena parte de nuestro atraso histórico. Podría decirse —con razón— que ningún gobierno ha apostado seriamente por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en el actual gobierno existía una expectativa legítima de cambio. Se esperaba que Bernardo Arévalo y Karin Herrera impulsaran una política distinta. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

El problema de fondo no es únicamente presupuestario, sino estructural: Guatemala carece de una política nacional capaz de articular sectores estratégicos. Primero, el sector educativo, donde debería impulsarse una educación científica y tecnológica, pero sobre todo una educación técnica que el país ha abandonado sistemáticamente. Segundo, el sector productivo, es decir, el empresariado real que produce, innova y genera valor, no el empresariado corporativo que vive de privilegios y captura del Estado. Tercero, el sector económico, que debería romper con la dependencia casi exclusiva de las remesas y con prácticas económicas arcaicas. Y cuarto, el sector jurídico, que sigue siendo un obstáculo, debido a la burocracia y los privilegios, para la creación de empresas, fábricas e industrias.

Estamos ante un problema institucional profundo. Las universidades, en general, no desarrollan ciencia, tecnología ni innovación de manera significativa. Peor aún, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) no se ha comprendido la urgencia de rescatar a las universidades —en especial a la universidad pública— para que cumplan su papel histórico: ser centros culturales, científicos y tecnológicos al servicio de la modernización productiva del país. Sin universidades fuertes en investigación e innovación, no hay desarrollo posible.

Guatemala cuenta con trabajadores excepcionales: personas que se levantan de madrugada y trabajan jornadas extensas, día tras día. El problema no es la falta de trabajo, sino la baja productividad. Esta situación no es culpa del trabajador, sino de un modelo económico construido históricamente sobre cultivos primarios, poco mecanizados y con escasa transformación, con contadas excepciones como el azúcar. Sin ciencia, sin tecnología y sin innovación, el esfuerzo humano se desperdicia.

Conviene aclarar algo fundamental: Guatemala no es subdesarrollada porque no invierte en ciencia y tecnología. Ocurre exactamente lo contrario. No invertimos en ciencia y tecnología porque nuestras instituciones son incapaces de innovar y porque un grupo oligárquico, corto de visión histórica, ha preferido apostar a la corrupción antes que a la innovación. Estos pseudosistemas productivos no buscan competir, sino obtener privilegios; no buscan eficiencia, sino rentas; y para ello sostienen una democracia falsa, diseñada para saquear al Estado y enriquecerse a costa de la mayoría.

El resultado es un país atrapado en el atraso, con instituciones débiles, una economía dependiente y una democracia vaciada de contenido real. Frente a esto, no bastan discursos ni buenas intenciones. Es imprescindible un replanteamiento profundo de nuestros sistemas de producción, alimentándolos de ciencia, tecnología e innovación, pero dentro de un marco de democracia verdadera, donde el poder económico no capture al Estado.

Este replanteamiento no puede seguir postergándose. Debe hacerse ahora, porque si no se hace ahora, simplemente no se hará nunca.